Impulsar una revocatoria de mandato costará hasta $50 mil

Pedir la revocatoria de un funcionario de elección popular en Panamá tendrá ahora un costo económico. En una decisión que busca poner freno a lo que calificaron como un “uso indiscriminado” de esta figura, la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) aprobó la creación de una fianza para quienes intenten activar este mecanismo.

La iniciativa, impulsada por el diputado Alaín Cedeño, del partido Realizando Metas (RM), nace de una experiencia reciente que encendió las alarmas en el mundo político. “Los resultados de las revocatorias que se dieron fueron sin que existiera ninguna causal. Simplemente buscaban la firma suficiente”, denunció el diputado ante el pleno.

Según su exposición, la mayoría de estas solicitudes se dirigieron contra candidatos de libre postulación, convertidos en blancos fáciles de sus “contrarios políticos” como una estrategia de desgaste. La figura, advirtió, se estaba utilizando como una “segunda vuelta electoral” para hostigar al ganador, forzando costosos procesos de referéndum sin un sustento real de malos manejos.

“Tú tienes una posible impugnación y esa revocatoria de mandato casi que es una segunda vuelta electoral porque eso tiene que ir a un referéndum. Para que esto no sea tampoco un atentado contra la persona que ganó las elecciones, hemos presentado estas modificaciones”, justificó Cedeño.

La propuesta original incluía restringir las solicitudes durante los dos primeros años de gestión, un punto que generó división. Sectores como la Empresa Privada y las ONG defendieron el derecho ciudadano a pedir la revocatoria desde el “primer día” si existen causas de peso. “Una persona en un año puede hacer cosas terribles en un día”, argumentó la representante de la Empresa Privada.

Ante la falta de consenso en ese punto, RM retiró la restricción de plazos, pero se mantuvo firme en su propuesta estrella: una fianza que desincentive las solicitudes frívolas.

La iniciativa fue aprobada con 10 votos a favor y 4 abstenciones, añadiendo un nuevo requisito al artículo 498 del Código Electoral. Ahora, “para solicitar la revocatoria de mandato de cualquier candidato, se debe consignar una fianza” cuyos montos son los mismos que rigen para las impugnaciones:

$2,000 para representantes de corregimiento.

$10,000 para alcaldes de distrito.

$25,000 para diputados.

$50,000 para presidente de la República.

La medida encontró respaldo en varios sectores. El PRD la apoyó al considerar que servirá como un “llamado de atención” ante procesos impulsados por “enemistad” o para “perjudicar al que ganó”. El Órgano Ejecutivo también respaldó la fianza como un mecanismo para evitar el “uso indiscriminado y excesivo” de la revocatoria y cuidar los bienes del Estado que se emplean en la logística de estos procesos.

Tras meses de descontento público, controversias políticas y activismo digital, los procesos de revocatoria activos y los ya concluidos confirman un mismo patrón: la indignación no se transformó en organización.