ITSE pide $1.28 millones para pagos pendientes en medio de auditoría de la Contraloría

La auditoría que realiza la Contraloría General de la República al Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) quedó en el centro del debate legislativo luego de que diputados cuestionaran que empresas de limpieza y seguridad prestaran servicios durante meses sin contratos vigentes, una situación que, según se expuso en la Comisión de Presupuesto, no aparece entre los hallazgos preliminares del proceso de fiscalización.

La discusión surgió durante la sustentación de un crédito adicional por $1.28 millones solicitado por el ITSE para cancelar pagos pendientes a proveedores de limpieza, vigilancia y software académico.

Durante la sesión, la diputada por la libre postulación Janine Prado cuestionó a las autoridades de la institución sobre los periodos adeudados y la continuidad de servicios pese al vencimiento de contratos.

Según explicó la directora de asesoría legal del ITSE, Vilma de Luca, una de las empresas de limpieza comenzó a operar en 2023 antes de que el contrato fuera refrendado por Contraloría, debido a la necesidad de mantener el servicio activo dentro del campus.

La funcionaria señaló que posteriormente los contratos de limpieza y seguridad vencieron en 2025 y las empresas continuaron prestando servicios “de buena fe”, mientras la institución enfrentaba limitaciones presupuestarias que impedían iniciar nuevos procesos de contratación.

“Las ambas empresas, la de seguridad y la de aseo, se han quedado prestando el servicio desde entonces (...) sin contrato”, explicó De Luca durante la comparecencia.

El intercambio tomó fuerza cuando Prado preguntó si esa situación formaba parte de la auditoría que desarrolla Contraloría dentro de la institución.

“Wow, pues no encuentra semejante hallazgo”, reaccionó la diputada, al señalar que la entidad fiscalizadora mantenía una auditoría interna en el ITSE.

La gerente educativa encargada del instituto, Susein Sáez, respondió que la auditoría todavía se encuentra en fase preliminar y que Contraloría entregó observaciones iniciales para que la institución presentara sus descargos.

“El informe final es el que se le va a hacer entrega al Consejo Directivo”, explicó.

Sáez indicó que el ITSE ya remitió documentación adicional solicitada por los auditores dentro del plazo de 10 días hábiles otorgado por la entidad fiscalizadora.

Aunque durante la sesión no se detalló oficialmente el alcance de la auditoría, las intervenciones apuntan a revisiones relacionadas con contrataciones, manejo presupuestario, convenios institucionales y ejecución de recursos.

Uno de los puntos sensibles mencionados durante la comparecencia fue la cancelación de un programa desarrollado junto a UPA, que según la administración actual fue suscrito durante la gestión anterior sin aprobación del Consejo Directivo ni refrendo de Contraloría.

La administración también defendió la continuidad de los servicios de limpieza y seguridad alegando razones de salud pública y protección estudiantil.

El ITSE mantiene actualmente una matrícula superior a los 5 mil estudiantes, según cifras presentadas ante la comisión legislativa.

La institución solicitó el crédito adicional utilizando fondos provenientes de saldos de caja del cierre fiscal de 2025.

La mayor parte de los recursos se destinaría al pago de servicios de limpieza y vigilancia acumulados durante los periodos cuestionados.

Al final de la jornada se aprobó el crédito adicional por $1.2 millones destinados a pagar servicios de limpieza, seguridad y formación técnica, para garantizar la continuidad operativa y así evitar riesgos de morosidad.