Este jueves vence el plazo para acogerse a la recién aprobada ley tributaria

Hasta el próximo jueves 30 de noviembre los contribuyentes podrán acogerse al beneficio de regularización tributaria, periodo en el que gozarán de exoneraciones a los recargos, intereses, sanciones y una condonación del 50% de todas las multas, según la Ley 401 del 5 de octubre de 2023, promulgada en la Gaceta Oficial el 9 octubre de 2023.

La norma impulsada por el diputado Melchor Herrera establece medidas transitorias de recuperación tributaria y un tratamiento especial transitorio de fiscalización abreviada, gestión y deuda tributaria, y dicta otras disposiciones.

La ley también incluye subir el monto del valor catastral de una finca agropecuaria de $350.000 a $500.000 para la exoneración del impuesto de inmueble, acción considerada necesaria aplicar, debido al elevado valor de la tierra que se ha experimentado.

Cifras estadísticas de la Dirección General de Ingresos (DGI) dan cuenta de que el monto en impuestos de inmueble adeudado por los contribuyentes alcanza los $830.043.190, recursos que representan el 27% del total de la cartera morosa de ingresos tributarios; mientras que la tasa única acumula el 24%, con un monto de $736.620.939.

Igualmente, esta normativa declara prescritas las deudas que correspondan del año fiscal 2015 o anteriores, en concepto de impuesto sobre la renta (ISR), seguro educativo (SE) y aviso de operación (AO), a favor del contribuyente.

Para poder acogerse a este beneficio, el contribuyente será notificado por la Dirección General de Ingresos (DGI) y tendrá que cumplir con los requisitos de forma y fondo establecidos en la ley, previo a la aceptación de la prescripción, entre los que se incluye la condición de que se cancelen deudas pendientes posteriores al año 2015, para que proceda la prescripción de saldos anteriores.

La prescripción de los saldos adeudados también conlleva a la prescripción de los créditos fiscales correspondientes al año fiscal 2015 y anteriores.

Mediante esta ley, la DGI busca recaudar aproximadamente $130 millones adicionales para atender las necesidades del país y cumplir con el presupuesto.

La normativa fue producto de amplias discusiones en la comisión de Economía y Finanzas y el pleno de la Asamblea Nacional, con diferentes sectores económicos ante la necesidad de que el Estado recaude la mayor cantidad de tributos para levantar la economía del país.