Juez ordena detención provisional a exrepresentante y extesorero de El Coco por presunto peculado

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un exrepresentante y un extesorero de la Junta Comunal de El Coco, en el distrito de La Chorrera, tras una solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del Estado.

La medida cautelar fue impuesta durante una audiencia realizada luego de la aprehensión de ambos exfuncionarios, quienes son investigados por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos administrados por la Junta Comunal entre los años 2019 y 2024.

Las aprehensiones fueron ejecutadas por la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial mediante operativos desarrollados en las provincias de Panamá Oeste y Chiriquí.

Junto al exrepresentante también fueron detenidos dos extesoreros de la Junta Comunal de El Coco, todos señalados por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Las investigaciones se originaron por presuntas irregularidades detectadas en la administración de recursos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales, correspondientes al período comprendido entre el 2 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024.

De acuerdo con el Ministerio Público, en una de las investigaciones se analiza una posible lesión patrimonial al Estado por 52,838 dólares, fondos que estaban bajo la responsabilidad de los funcionarios investigados.

Como parte de las pesquisas, la Fiscalía incorporó un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, el cual detectó inconsistencias en los desembolsos realizados por la Junta Comunal y la falta de documentación que justificara el uso de 147 cheques.

Además, el Ministerio Público mantiene abierta una segunda investigación derivada de una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización, relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Programa de Desarrollo de Interés Social.

Según la auditoría de la Contraloría, en este caso se detectó la ausencia de documentos que sustentaran el uso de 324 cheques, situación que habría generado una afectación económica al patrimonio estatal por 128,823 dólares.

La suma de ambas investigaciones representa un posible perjuicio económico al Estado de aproximadamente 181,661 dólares.

Las diligencias realizadas fueron autorizadas previamente por un juez de garantías y permitieron la ubicación de diversos indicios vinculados a las investigaciones en curso.

La Fiscalía Anticorrupción continúa recabando pruebas para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer el destino de los fondos públicos bajo investigación.