‘Estamos juntas y por todos’

_¡Mamá, mamá! ¡Mira cómo me quemaron!_, dice Yossua mostrando las llagas en sus hombros.

Quedó así tras la revuelta de la madrugada del lunes en el Centro de Cumplimiento Arco Iris, cuando se abrieron las rejas y un grupo de reclusos del primer piso llegó al segundo y prendió fuego en la celda número uno. Las marcas del fuego no son las únicas que podría mostrarle este chico de 16 años a su madre: para que confesara dónde había ocultado el arma, evidencia de su crimen, los guardias utilizaron cables eléctricos, recuerda María Elena, que lleva en su rostro el dolor de un hijo descarriado, detenido, achicharrado y maltratado.

LEÑA AL FUEGO

‘Yo sé que mi hijo no es un angelito, sé que la embarró, pero supuestamente está allí para reformarse, no para volverse peor, entonces... ¿De qué hablamos cuando es el mismo sistema el que los impulsa a la violencia? ¿De qué cuando les dan poca y mala comida?’, dice Osiris, madre de Yuriel, que permanece junto a Yossua en la sala de cuidados intensivos. Altanera, los pasos de Osiris resuenan cuando camina por la Avenida Justo Arosemena, adelante de María Elena, Dayana y Yarena, las otras madres de los menores quemados, rumbo a la oficina de la Dirección Hospitalaria del Santo Tomás para pedir la Certificación del Estado Médico de los 12 menores quemados. Es lo que necesitan para conseguir una medida cautelar y que los jóvenes no sean trasladados a El Renacer o a Tinajitas mientras estén en recuperación. Para que los dejen ir a sus casas.

A pesar de que la Ley 40 de 1999 establece que ‘bajo ninguna circunstancia las personas adolescentes serán detenidas en los mismos centros que los adultos’, tras la pérdida de control en Arco Iris, que originó dos fugas y tres reyertas, la ministra de gobierno, Roxana Méndez, decidió ‘como mecanismo de control y para reparar los daños’, trasladar a los adolescentes a otros centros, entre ellos El Renacer y Tinajitas. Las madres de los trasladados se resisten. Allí amenazaron al nieto de Doña Virginia, ‘pa’ que supiera quién manda a quién’.

De eso hablan Osiris, María Elena, Dayana y Yarena cuando llegan hasta la Dirección Hospitalaria, suben las escaleras y buscan a un funcionario. Él pregunta los nombres de sus muchachos: ‘Nosotras estamos hablando por todos. Ellos se quemaron juntos y sus madres estamos juntas’, responden.

Por eso desde el lunes se ven en grupos, caminando de un lado para otro en las afueras del Santo Tomás. Esperan que alguien les diga cómo están sus pelaítos, qué tienen. Preguntan a médicos y enfermeras y aguantan las ganas de verlos. Si en la noche hay algún llamado de alerta médica, atienden. Si el resultado es malo, se abrazan. En medio del dolor han tejido lazos de solidaridad.

Son parte de las madres de 220 menores que, según la Defensoría del Pueblo, conviven en cinco centros de custodia y cinco centros de cumplimiento. Su drama no empezó con la reyerta que desde el domingo evidenció la incapacidad del sistema penitenciario panameño para garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, y que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a hacer un llamado al gobierno para ‘prevenir diligentemente situaciones de riesgo que amenacen gravemente sus derechos fundamentales, con mayor intensidad si hay niños’.

¿OJO POR OJO?

Son conscientes de que cuando un hijo sale ‘así’, el deber es ‘ser fuerte porque puede pasar cualquier cosa’. También saben que ellos son humanos y toman decisiones que deben corregir. Pero equivocarse no justifica las marcas: ‘No por tomar decisiones erradas nuestros hijos han perdido sus derechos. Perdieron su libertad, pero eso es distinto’, dice María Elena.

A pesar de que hace tiempo cayeron por tierra las prisiones que pregonaban tortura y muerte del recluso, un chico cool, con zapatillas y suéter azul, dice al oír la conversación de las madres: ‘¿Y por qué cuando esos delincuentes estaban matando, violando o robando nadie dijo nada sobre los derechos de las víctimas, nadie hizo tanto escándalo? La Biblia dice ojo por ojo, diente por diente y ellos están pagando lo que hicieron, bien merecido lo tienen’.

El padre Nicolás Delgado, de la Pastoral Penitenciaria de Darién, explica el asunto: ‘El que comete un delito tiene que pagar perdiendo la libertad, eso supone una manera distinta de vivir, no un abuso del recluso. Ellos sí tienen derechos. Además, la tortura y la muerte son inaceptables en cualquier caso’.

Esa es la idea que resuena en la cabeza de las madres que desde hace siete días perseveran en la búsqueda de respuestas, justicia, respeto. Antes de salir de la Dirección Hospitalaria, el funcionario al que todas las mañanas le piden el papel, ese pasaje a la seguridad para sus hijos, les dice: ‘ese documento se demora un poco pero haré lo posible porque esté listo la otra semana’. Ellas sonríen, bajan las escaleras y vuelven al hospital, confiadas en que su unidad no dejará que en este caso haya impunidad.