Justicia, ¿para beneficiar a quién?

‘Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los que se encargan de ejercerla’, dice un viejo dicho.

Acusaciones delicadas apuntan al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado.

Siete casos sensitivos ponen bajo la lupa la labor de investigación y administración de justicia del actual presidente de la Corte, durante sus gestiones como procurador y después, como magistrado.

Distintas personas apuntan a Ayú Prado de abusar de su investidura, de resolver cuestionarios, destruir evidencias y favorecer a allegados del exmandatario Ricardo Martinelli.

Ayú Prado acumuló varias querellas ante la Asamblea Nacional, por los supuestos delitos de corrupción, abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público. En su momento, estas denuncias fueron archivadas en pocos minutos por los integrantes de la Comisión de Credenciales de la Asamblea, quienes desestimaron las acusaciones, muchas veces sin ofrecer explicaciones.

Hace un mes y días, la Asamblea solicitó la separación del magistrado Alejandro Moncada Luna por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, corrupción y falsedad de documentos.

Estos hechos se suman a las declaraciones del magistrado Harry Díaz, quien definió una mala praxis recurrente en la Corte: ‘se archivan y se venden fallos’.

CASO FINANCIAL PACIFIC

Recientemente, Mayte Pellegrini, una de las acusadas en el caso de desfalco de la casa de valores Financial Pacific, también emitió serias acusaciones contra el presidente de la Corte.

Pellegrini dijo que Ayú Prado redactó una declaración jurada en la que ella se retractaba de haber involucrado al exmandatario Martinelli en el caso Financial. A cambio, dijo Pellegrini, le habían prometido su libertad y la de sus familiares.

Según la versión de Pellegrini, Ayú Prado no solo escribió las respuestas que debía ‘declarar’ la detenida, sino que permitió que los fiscales de turno Frank Torres y Ricardo Solís (actual fiscal de Asuntos Civiles) coordinaran la nueva redacción: ‘Frank Torres, el fiscal, entraba y salía de la oficina con una hoja y hacía preguntas. Las respuestas las escribía Ricardo Solís a través del celular de Mauricio Ceballos (exabogado de Pellegrini). Yo solamente tenía que leerlas. Es decir, me pasaba el celular en el medio de la declaración’, dijo.

Se trata de un hecho inusual, avalado por Ayú Prado, según Pellegrini, que no ha sido investigado.

CORREOS INVIOLABLES

El exabogado del mandatario Ricardo Martinelli, Rosendo Rivera, declaró a La Estrella de Panamá que en el año 2012, cuando como procurador le correspondió ver el caso en que Balbina Herrera fue procesada por divulgar correos electrónicos del exmandatario, Ayú Prado resolvió un cuestionario a nombre de Martinelli.

El cuestionario incluía unas serie de preguntas y respuestas que pretendían corroborar la autenticidad de los correos electrónicos, tanto de Mauro Velocci —entonces testigo en el caso por corrupción internacional a la empresa Finmeccanica— como de Walter Lavitola, procesado en el caso.

Rivera detalló que acudió a buscar el cuestionario a la oficina de Salomón Shamah, exadministrador de la Autoridad de Turismo, y éste le entregó el cuestionario resuelto.

Shamah dio instrucciones a Rivera de no hacer cambios al documento, solo pasarlo en limpio para que Martinelli lo firmara: ‘el propio Ayú lo resolvió, así que no debemos tener problema con eso’, precisó Shamah a Rivera.

Al consultar a Ayú Prado sobre este asunto, en mayo del presente año, éste respondió: ‘el expediente está en trámite de apelación y, por ende, la administración de justicia debe ser muy cauta al manifestarse sobre sus interioridades. Máxime, que yo no soy el que está manejando la apelación ni nada por el estilo’, sentenció.

DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS

Mariano Mena, líder sindical, acudió a la Procuraduría de la Administración el 21 de noviembre de 2012 para denunciar al entonces procurador José Ayú Prado por delitos de abuso de autoridad y contra la fe pública en perjuicio de la administración pública.

Mena indicó que Ayú Prado ordenó la incautación de bienes y la destrucción de evidencias dentro del proceso penal que se le seguía a Rogelio Fraiz, a raíz de una denuncia formulada por Demetrio Papadimitriu, exministro de la Presidencia, por el supuesto delito contra la seguridad informática.

El procurador de la Administración remitió el caso a la Corte cuando Ayú Prado fue nombrado magistrado. El expediente, entonces, se envió a la Asamblea.

El caso se refiere a unos hackers que accedieron a la información en la computadora de Papadimitriu y, al presentar la denuncia capturaron a los sujetos y confiscaron usb, discos extraíbles, computadoras, etc. Mena explica que cuando estas evidencias llegaron a manos de Ayú Prado, en el cargo de Procurador, solicitó a la Sala III de la Corte la posibilidad de destruir pruebas. La Sala le negó la petición y le advirtió que solo un juez podía autorizar eso. Pero, según Mena, eso no impidió que en un acto público, Ayú Prado se deshiciera de las pruebas. Las destruyó.

‘Él aduce en la solicitud a la Sala que había información sensitiva del Estado, pero los magistrados respondieron que a pesar del contenido, solo un juez podía ordenar la acción. Cuando él mandó a destruir las pruebas, era porque eso complicaba a alguien’, dijo Mena.

CASO FINMECCANICA

Orestes Del Río, dirigente del Partido Popular, denunció a José Raúl Mulino, entonces ministro de Seguridad (diciembre 2011) por supuestamente haber recibido coima de la empresa Finmeccanica por la compra de 19 radares a un total de $125 millones. En su investidura de ministro, Mulino solo podía ser investigado por el procurador y juzgado por el pleno de la Corte.

Al mes, 2 febrero 2012, Ayú Prado, en calidad de procurador, ordenó el archivo de la denuncia por delitos contra la administración pública. Argumentó que no se pudo acreditar el hecho punible y envió el caso a la Corte.

Un año después, en octubre de 2013, el pleno acogió la petición hecha por el procurador Ayú Prado y ordenó el archivo del caso. El fallo tuvo como ponente a Gabriel Fernández, magistrado suplente de Ayú Prado.

Recientemente, se comprobó la ineficacia de los radares, incapaces de detectar lanchas rápidas transportadoras de droga, en vez, localizan buques grandes.

EL FAMOSO FLORISTA

César Segura supuestamente sembraba flores en un terreno ubicado en zona residencial de Paitilla, que estaba a nombre de una sociedad anónima en la que él era dignatario. El pedazo de tierra, avaluado en $11 millones, tenía otros ojos que lo miraban con interés: el grupo Btesh y Virzi, un consorcio de allegados al expresidente Martinelli.

Segura denunció que se le detuvo por espacio de dos semanas, lo coaccionaron y lo obligaron a traspasar la tierra al grupo empresarial a cambio de su libertad. Dijo que había sido amenazado por ‘funcionarios de la Presidencia’ y que le condenarían a 14 años de prisión si se negaba.

Accedió, según dijo, bajo un acuerdo que había alcanzado con el grupo inmobiliario Btesh y Virzi que le prometió el pago de las tierras con una propiedad.

César firmó seguro del trato. Luego de la devolución del terreno, tanto César como su abogado Pérez Ferreira recibieron medidas cautelares de país por cárcel que concedió entonces el procurador Ayú Prado.

El Juzgado Tercero Penal archivó el caso y la decisión fue confirmada por el Segundo Tribunal el 21 de enero de 2013. Ni Btesh ni Virzi fueron acusados por la supuesta extorsión, como tampoco se inició una investigación de las razones por las que se mantuvo detenido a un hombre por dos semanas sin que mediara acusación contra él.

EL JUEZ DESTITUIDO

El exjuez Cuarto Penal Alexis Ballesteros denunció presiones de parte de sus superiores Wilfredo Sáenz, Secundino Mendieta y el entonces presidente de la Corte, Alejandro Moncada Luna, además del actual presidente de la Corte, José Ayú Prado, para que fallara a favor de allegados al expresidente Martinelli.

Denunció Ballesteros que los citados lo presionaron para que archivara un proceso por estafa a favor de un familiar de Btesh.

Añadió que le pidieron la renuncia por no fallar en contra del diario La Prensa en el proceso por el bloqueo de sus instalaciones por la empresa Transcaribe Trading, propiedad de un amigo de Martinelli.

Ballesteros formalizó la denuncia en marzo ante la Asamblea, pero fue archivada en la administración anterior.

SE BORRÓ LA PRUEBA

El entonces abogado de Ballesteros, Alberto Reyes, solicitó a Ayú Prado la copia de las videograbaciones del equipo de videovigilancia de la Corte correspondientes a la semana del 24 al 28 de febrero del presente. Era la prueba reina, según Reyes, de la querella presentada en la Asamblea por haber destituido al exjuez al no acceder a las presiones de sus superiores.

Ayú Prado entregó a Reyes solo dos días de las grabaciones, 27 y 28 de febrero. Del resto, donde aparecía el exjuez, adujo que sufrió problemas técnicos.

La Estrella de Panamá se interesó en conocer los reportes técnicos que alteraron las grabaciones. Por varios meses intercambió misivas con Ayú Prado. En ellas justificaba la ausencia de un reporte por alteración del fluido eléctrico, pero nunca mostró un informe técnico que avalara los daños.

Finalmente, el 14 de agosto, respondió que los videos solicitados por el abogado de Ballesteros ya habían sido borrados.