Juzgado reprogramó la audiencia preliminar en el denominado caso "FCC"

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, reprogramó la audiencia preliminar en el denominado caso “FCC” por el delito contra el orden económico y contra la administración pública, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para los días jueves 4 y viernes 5 de enero de 2024.

La audiencia que estaba programada para los días 26, 27 y 28 de junio, no se celebró debido a que la asistencia internacional librada para la notificación de uno de los imputados arrojó resultados negativos.

En esta causa penal hay 13 personas naturales y una persona jurídica imputadas. Asimismo, la asistencia legal de los imputados la ejercerán 12 abogados particulares y un abogado del Instituto de la Defensa Pública. De la misma forma, el tribunal ha designado a cuatro defensores públicos alternos en el caso de que algún abogado particular no pueda ejercer la representación legal de dichos investigados.

En tanto, como parte querellante del proceso participará un abogado en representación del MOP.

Esta investigación data del año 2017, cuenta con 56 tomos y guarda relación con un informe de auditoría remitido a la fiscalía que concluyó que había un presunto sobrecosto en perjuicio del MOP.

FCC es investigada en Panamá desde abril de 2017 por el pago de supuestos sobornos y sobrecostos por más de 100 millones de dólares en proyectos del Plan para el Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá.

La investigación dio inicio el 19 de mayo de 2017, con el informe de Auditoría remitido a la Fiscalía por la Contraloría de Panamá que indica que en el proyecto denominado estudio, diseño, construcción y financiamiento de obras del corredor Vía Brasil tramo 11, en la capital, se concluyó con un sobreprecio de 41,7 millones de dólares, que equivale a un 19,3 % más que el precio razonable, según con la información oficial.

El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, público el diario local La Prensa.