Una ley de financiación electoral incompleta

‘La democracia empieza a desdibujarse porque el que más tiene gobierna al que menos tiene’, reflexiona Ricardo Callender, asesor del Tribunal Electoral. Las campañas de los candidatos se financian con fondos propios, nadie conoce de dónde proceden ni cómo se obtuvieron, ni siquiera se sabe con exactitud cuál es el monto.

La ley dicta que no hay límites ni en gastos ni en donaciones. Señala que las empresas que tengan contratos públicos no pueden realizar donaciones, pero la ley se queda muda sobre las empresas subcontratadas por estas. El Tribunal Electoral, encargado de custiodar la rectitud de las elecciones, no tiene potestad siquiera para comprobar el registro de donaciones. ‘Somos un mero registro –lamenta Callender–. Así siempre quedará la posibilidad de que el narcotráfico se apodere de nuestras instituciones’.

Entre los precandidatos a presidente inscritos en el TE, Callender recuerda la historia de un canillita que se anotó ‘para vender más periódicos’. O un caballero que llegó alegando que ‘había tenido una revelación divina en la Iglesia a la que pertenecía’. Aunque en Estados Unidos se puede inscribir hasta un perro, reconoce. ‘El figurar como candidato te da un estatus, un crédito dentro de tu entorno social, pero cada quien debe estar consciente de sus posibilidades’.

Mientras hablamos, fuera de su despacho, al menos tres personas verifican las firmas presentadas por los precandidatos. No son peritos, pero han aprendido a leer firmas; de cada hoja de inscripciones sólo se aprueban la mitad, aproximadamente.

El juego político pone las reglas, y muchos precandidatos luego negociarán con el favorito sus votos, reconoce. Aunque señala que ‘negociar con los votos es un modo de falsear el proceso electoral, pero eso está sellado dentro de los partidos’.