Una ley a medida de los nuevos exiliados

‘Panamá durante muchos años ha sido un lugar que ha ofrecido su hospitalidad y permanencia a muchas personas por razones humanitarias, independientemente de su condición política. Hemos sido contactados y asumimos esta responsabilidad en este caso también’, señala el canciller Fernando Núñez Fábrega. Ese legado histórico se traduce en 1,299 personas registradas como refugiados, 537 solicitantes de asilo y 15,000 más en una situación similar a la de refugiado, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Panamá. Con esto, ‘Panamá cumplió con la misión humanitaria que ha caracterizado a este gobierno democrático’, dijo Guillermo Cochez, responsable de la delegación del gobierno para traer a los cubanos.

Hace menos de dos semanas, la Asamblea aprobó una ley 623 (bautizada como ‘María del Pilar Hurtado’) que abre el camino para que todos los refugiados y asilados políticos obtengan la residencia permanente. La ley estipula que ‘por razones humanitarias’ podrán solicitar la categoría migratoria de residentes permanentes los refugiados y asilados que tengan tres años o más de tal condición jurídica, y manifiesten la intención de residir en el territorio de la República de Panamá.

Los refugiados deben estar reconocidos por la Comisión Nacional de Protección para Refugiados y registrados en la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados, y los asilados reconocidos por el Ministerio panameño de Relaciones Exteriores. De hecho, una de las principales motivaciones apunta a reducir gastos, ya que el gobierno reconoció que los asilados y refugiados son ‘un gasto para Panamá’ y había que regular su estatus para que puedan valerse por sí mismos.