La mala hora del metrobús

Este lunes, cinco días antes de la Cumbre de presidentes de las Américas, contradictoriamente, en el país de la concordia, nadie podía ponerse de acuerdo: a las nueve de la mañana un contingente de policías de fronteras se tomaba el timón de los metrobuses aparcados en el patio de la 24 de Diciembre para solventar la crisis provocada por el paro de labores de los operadores de bus. Abajo, otro contingente de policías regulares arrinconaba la manifestación de los trabajadores, que acabó sobre las 2:00 p.m. Mientras, en las paradas, la gente varada cuestionaba el agrio escenario.

Por tercera vez, desde octubre de 2014, cuando estalló la crisis del metrobús, los choferes suspendían el servicio para exigir al Ministerio de Trabajo la revisión del cálculo de sus indemnizaciones ($12.6 millones), de cara a la nacionalización del servicio de transporte.

Considerando ‘lo complejo’ de esta tarea —según el secretario de Trabajo, Samuel Rivera—, el Gobierno había pedido tiempo, pero los operadores pretendían recibir sus pagos ayer mismo.

Las autoridades supieron del conato de protesta desde el domingo y, alarmadas, llamaron a una urgente negociación en Presidencia, que empezó en la noche y terminó entrada la madrugada.

En el Palacio de las Garzas, un grupo de ministros insistió a la dirigencia de los choferes que sus aspiraciones no estaban consignadas en el acuerdo firmado con el Ejecutivo en octubre, que establecía que el desembolso se haría un mes después de la compra de Mi Bus, la sociedad colombo-panameña que opera el metrobús, pero no hubo humo blanco. En el tenor político, el Ejecutivo consideró la huelga ilegal.

Antenor Guadamuz, secretario general de la organización sindical Sitmapa, rebatió los planteamientos del Gobierno: Varela prometió que, el 28 de febrero pasado, se sabría el futuro de la compra del metrobús (y por ende de sus pagos), pero ayer, a 39 días de ese límite, después no había pistas.

SORPRESA DE LUNES

Así, el paro de este lunes hizo tambalear a todos. Por un lado, Guadamuz tuvo que enfrentar las quejas de la ciudadanía, molesta porque los metrobuses dejaron de recoger a cerca de 700 mil pasajeros. Los presentadores de televisión dieron por descontado la ilegitimidad del líder, tomando en cuenta testimonios de supuestos compañeros del dirigente que cuestionaron su gestión al frente de un extinto sindicato bananero de Chiriquí, así como del de los choferes.

Paralelamente, en un comunicado la Cámara de Comercio instaba al Gobierno a no ceder ante los trabajadores.

Guadamuz, en el calor de la polémica de ayer, descontó las críticas y argumentó haber escuchado que la indemnización estaba cercana a los $35 millones, cifra que el ministro de Trabajo Luis Ernesto Carles, dijo ser superior. Según él, la vara de los choferes estaba en torno a los $50 millones: 10% de ese monto para sus abogados y contadores y otro porcentaje para el sindicato. La agrupación de transportistas tiene un equipo de colaboradores, algunos de ellos afiliados al Frenadeso, brazo del Suntracs.

En el otro espectro, el Gobierno nunca terminó de prever el problema. Aun cuando se reunió hasta la madrugada con los choferes, no hubo un plan ‘b’ ejecutado a tiempo. No fue sino sobre las diez de la mañana, después de casi medio día de paro, que la Fuerza Pública movió los metrobuses parados.

La situación movilizó a parte del Gabinete, que advirtió que la huelga era ilegal. Alcibiades Vásquez, Rodolfo Aguilera y Carles negociaban. Lejos de ahí, Milton Henríquez convocaba a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para que, a través de una resolución, permitiese que cualquier vehículo prestase el servicio de transporte público en la capital. Aunque en la práctica no hubo resultados. Los buses piratas cobraron ayer de más y no tuvieron capacidad para mover a la mayoría de la gente varada. El metro, en su día de cumpleaños, estaba a máxima capacidad.

La línea premier del Ejecutivo, dedicada estos días a la Cumbre que reunirá por primera vez en medio siglo a los gobernantes de Estados Unidos y Cuba, se mantuvo ausente de la situación.

TELA POR CORTAR

El Ejecutivo y los operadores pusieron punto final a la pugna de ayer con un acuerdo que, como siempre, insta a no tomar represalias contra los manifestantes y liberar a los detenidos durante el sofoco en las calles.

Por otro lado, el Gobierno parece intentar aprender de la amarga experiencia: el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, anunció que capacitarán a dos mil agentes de seguridad para conducir metrobuses, antes de que una situación similar les sorprenda, y sabrá por qué lo dice.

El acuerdo de fin de huelga establece una nueva reunión sobre la crisis del metrobús en una semana, justo después de pasar la cumbre de presidentes. Hasta entonces, los operadores aseguran que no cobrarán pasajes.

En nombre de la concordia política, ese día también se revisarán los avances del Mitradel sobre las auditorías a los trabajadores y, finalmente, se verá cuánto ha avanzado el tema pendiente: la compra del metrobús.

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LOS PUNTOS ÁLGIDOS

El Ejecutivo negocia, desde octubre del año pasado, la adquisición de la empresa Mi Bus (Transportes Masivo de Panamá), una sociedad que conforman la colombiana Fanalca y la panameña Felgate Enterpisses.

El Gobierno aseguró en octubre que habría una indemnización para los trabajadores de Mi Bus y garantizó que, en la medida del interés de cada quien, se les recontrataría en la operadora pública.

Los operadores esperaban que el Ejecutivo los integrase a la mesa de negociación para la salida de la operadora del metrobús, pero no tuvieron éxito. A finales de enero, la Asamblea Nacional pidió un espacio en dicha comisión.