Mora y corrupción, las faltas orgánicas de la Justicia

El rezago judicial es uno de los principales escollos en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Así lo dio a conocer el presidente saliente de este órgano, José Ayú Prado, en el informe de rendición de cuentas de dos años al mando de la máxima corporación de justicia panameña (2014-2015).

Ayú Prado enumeró los diez imperativos estratégicos que intentó implementar durante su gestión para contar con una justicia del siglo XXI, principios que adoptó de los planes de trabajo de sus antecesores, con el ánimo de continuar una política institucional.

No obstante, a punto de relevar el cargo, Ayú Prado no logró superar uno de los principales retos de la justicia panameña: inspirar confianza en la ciudadanía, o el usuario, y enderezar la percepción de que existe una justicia selectiva, que los jueces fallan contra chequera o según la amistad que se tenga con el juez, según la evaluación de algunos juristas consultados.

REZAGO JUDICIAL

A punto de finalizar este año, hasta el 31 de agosto del corriente, la carga laboral de la sala Plena se ha mantenido. En los escritorios de los magistrados reposan 2,207 expedientes ( ver gráfica ), de los que 1,295 quedaron pendientes de años anteriores, mientras que este año ingresaron 912 casos nuevos.

Un dato que debería ser público y estar al alcance de los usuarios que reclaman celeridad en la justicia, especialmente en aquellos expedientes de ‘alto perfil' que, sin razón justificada, permanecen ‘engavetados' por meses o años, exclama el abogado Ernesto Cedeño.

En la Sala Civil, por ejemplo, existe un índice de pendencia, o casos pendientes de resolución, de un promedio de -21% hasta agosto de este año. En la Sala Segunda de lo Penal, de 123 audiencias programadas se realizaron 93. Un tercio fueron reprogramadas o pospuestas.

‘El Órgano Judicial tiene una imagen distinta, tal vez no es la mejor, pero hoy es distinta',JOSÉ AYÚ PRADO CANALS--PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ayú Prado, el magistrado que más denuncias acumula en su contra en la Asamblea Nacional y que están a la espera de ser investigadas, insiste en que cualquier queja por presuntos actos de corrupción debe presentarse ante el Ministerio Público (MP) o ante la Asamblea Nacional, entidades encargadas de realizar estas pesquisas. ‘Pedimos que se respete la presunción de inocencia y el secreto del sumario', insistió Ayú Prado.

Actualmente, existen 22 denuncias en el MP a la espera de investigación que han sido presentadas por el Órgano Judicial, de las que Ayú Prado se impidió de ofrecer detalle a los medios.

La Estrella de Panamá confirmó que cinco de ellas son por la supuesta manipulación anómala del sistema informático en el Registro Único de Entrada de Expedientes (RUE) de la Corte.

La Fiscalía Superior Anticorrupción del MP investiga, además, un caso de expediente por coimas para la concesión de medidas cautelares y asignación de expedientes judiciales, por el que una docena de funcionarios judiciales quedaron arrestados, hace un mes.

Una forma, no obstante, de combatir la corrupción sería la digitalización de los expedientes y la trazabilidad del archivo para conocer en qué despacho se encuentra y contabilizar el tiempo que pasa en cada instancia. Sin embargo, este sistema que se había contemplado al inicio de la presidencia de Ayú Prado se ha quedado en ‘plan piloto' y no se ha implementado, según el presidente, por falta de presupuesto.

‘La confianza no se recupera de un momento a otro, sino de una manera integral y estamos trabajando en eso', añadió Ayú Prado.

Los usuarios del sistema, como el abogado Ernesto Cedeño, han identificado varios problemas que debieran superarse. ‘El principal es el rezago judicial como Corte y como órgano de justicia. El segundo es la falta de personal en los juzgados inferiores, los de circuito, y la falta de transparencia; no sabemos qué ni cuantos expedientes tiene cada magistrado', indicó el jurista.

Según Cedeño, es necesario dotar de recursos a los juzgados y movilizar los expedientes, dar información a la comunidad de cómo avanzan los expedientes en los circuitos, y acercarse más a la comunidad', apuntó. A esto, hay que sumar una mayor fiscalización a los jueces de circuito y fortalecer las auditorías forenses.

FALTA DE RECURSOS

‘Con los recortes, la poderosa tijera del Ministerio de Economía y Finanzas ha asfixiado a la Corte', indicó el presidente del Colegio de Abogados, José Alberto Álvarez, quien agregó que el Órgano Judicial se merece un mejor trato de quienes designan los dineros.

Ayú Prado explicó que existen 18 jurisdicciones que se verán afectadas por el recorte presupuestario. ‘Este año recibimos $115 millones, para el próximo año contaremos con $120 millones, pero aún no son suficientes. Lo que hay que hacer es ejecutar con profesionalismo y creatividad lo que se nos ha asignado', dijo.

El magistrado indicó que el dinero no es suficiente para la implementación de la Carrera Judicial y el Sistema Penal Acusatorio, que en dos años tendrá vigencia en todo el país.

Entre los puntos imperativos, también se mencionaron las mejoras realizadas a las infraestructuras a nivel nacional, el equipamiento y modernización tecnológica en distintas sedes, el bienestar laboral y profesional, la aprobación de la Ley 3 del 27 de agosto de 2015, que regula la Carrera Judicial, y los logros que ha tenido la oficina de resolución de conflictos, en donde se han dado resultados positivos como una vía alterna a la justicia tradicional. Ayú Prado enumeró la cooperación e intercambio que ha efectuado la Corte con otras instancias, con México, Uruguay, Austria, Perú y las Naciones Unidas.

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JUSTICIA DESIGUAL

Carta abierta desde la cárcel La Joya

El 16 de diciembre, Antonio García Castra, con cédula 8-192-46, recluido en el centro penitenciario La Joya, envió una carta abierta al mandatario Juan Carlos Varela, que podría ser un ejemplo del sentimiento común de todos los privados de libertad que reclaman una justicia igualitaria.

García, agobiado por la falta de atención médica, la lentitud con la que se tramita su caso y el hacinamiento que sufre en la cárcel, escribió así al mandatario: ‘En su retórica de la campaña electoral nos sumió en un sueño por mejorar la justicia que apoyamos todos los privados de libertad dándole nuestros votos. Hoy, después de 18 meses de gobierno, seguimos sumidos en la misma situación de mora judicial, de falta de atención médica y medicamentos. En mi caso, ‘Tacoma', después de que mi familia perdió su hogar y sin visos de un juicio, con hijos menores en riesgo social por la falta de tutela de un padre, estamos sumid os en esta incertidumbre. Por el contrario los (detenidos) de cuello blanco que antes de declararle detención preventiva han sido evaluados, se deja en claro que su atención es muy distinta a la nuestra. La noticia sobre la operación del señor Alejandro Garuz y Luis Cucalón que se encuentran recluidos en centros hospitalarios privados, deja ver que solo el que tiene dinero tiene acceso a atención médica oportuna y de mejor calidad, pues los de cuello blanco han podido comprarse la vida, mientras que nosotros, a pesar de existir un dictámen patológico, no recibimos medicamentos. No podemos pensar que estamos en un país de derecho ya que los millones son los que compran la salud, vida y libertad, el resto de los mortales quedamos sumergidos en La Joya y Joyita', se lee en la nota enviada al presidente Varela y a este diario.

Como ejemplo referencial para entender el estado de la justicia panameña, vale el caso de Holanda, un país con una población de 16.8 millones de habitantes y una población penitenciaria de 11,603 presos. Panamá, con no más de 4 millones de habitantes, cuenta en sus cárceles con 16,200 internos.

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DATOS DEL SISTEMA

Casos en los despachos de los magistrados hasta agosto de 2015