El ‘Salsipuedes’ se mudó a un puente

PANAMÁ. Tarjetas de celular, zapatos, piña picada, réplicas económicas de carteras, salones de belleza y veterinarias. La oferta comercial del puente peatonal de Los Pueblos la encierra entre las paradojas del nirvana de Centroamérica: marginada en la ilegalidad pero con el título del nuevo Salsipuedes, el delirante caminito comercial de Santa Ana.

Desde hace una década, en el paso peatonal ya no hay reglas. Se sube, se para, se ve y se compra. Se frunce el ceño si alguien obstaculiza el paso por hacer window shopping, y si cruzar de un lado a otro toma 20 minutos. Lo reclama una mujer que lleva un bebé a la cadera, sofocada por el gentío.

La estructura mide 2.5 metros de ancho y es del largo de cinco carriles. Aunque fue construida a principios del siglo, es una réplica de cualquier mall de la capital: cerca de una veintena de comercios en las escaleras con curvas de intestino y en el largo paseo central. Y ninguno de los empresarios tiene permiso para estar allí. Tampoco deberían tenerlos. Y menos la mujer que pela el mangotín.

Ella tiene que huir cada vez que llega la corregiduría. Se llama Rosa y es dominicana. Vende con un sobrino, y se protege con un paraguas que sobresale del barandal de las escaleras. ‘Hace un rato andaban los de salud por aquí, revisando los carnés’.

Las autoridades de salud se suben al puente a verificar si hay permisos, pero para vender comida. Los de ocupación no importa. De ese asunto, dice la corregidora de Juan Díaz, Millicent Henry, se encargan ellos. Pero hace cuatro meses no ha habido ningún operativo.

EL ENREDO LEGAL

Henry asegura que para el jueves se preparó uno y se suspendió. Es complicado: la mitad del puente (o del ‘mercado’) es responsabilidad de San Miguelito y la otra mitad, de Panamá. Cada uno trabaja por separado.

Desidia. Tras la pintura aún fresca se disimula el techo de tragaluz deshecho por la lluvia y repleto de bolsas negras de basura como parches.

Tampoco hay luz. Guillermo Paiva, a quien todos los comerciantes reconocen como el más veterano, guarda en el baúl de su puesto la máquina que sirve como planta eléctrica a gasolina. La compraron los buhoneros, después de reclamar a los municipios por la luz. Les costó $200 en el Doit Center, dice. Cuando anochece la ponen a andar. Hace un poco de ruido, pero prende los bombillos de cada puesto. Y sirve como amuleto contra los ladrones. La apagan cuando terminan.

Paiva reconoce que están al margen de cualquier norma de urbanismo y de lógica. ‘Sabemos que en un puente no podemos estar, pero tenemos que vivir. Y somos los que le damos mantenimiento a esto’.

Panamerican Outdoor Adversiting tiene un contrato de concesión con el MOP desde 2007 para mantener y explotar la estructura. Una valla cuesta hasta $2,000.

‘Nos toca el puente pero no el paso elevado’, dice una agente de ventas, lejos del contrato AL-1-37-07. En 2011, tras las presiones ciudadanas, la compañía instaló luminarias en el paso de San Pedro, 2.3 kilómetros antes del nuevo Salsipuedes.

EL INGREDIENTE POLÍTICO

Mientras Guillermo Paiva acomoda los gorros con cara de Bob Esponja, deja ver que no tiene la menor idea de quién es responsable de qué. Sólo recuerda que Héctor Carrasquilla, el alcalde de San Miguelito, no tiene ganas de sacarlos, y que cada vez que llueve deben improvisar un segundo techo, de plástico. Las mercancías se salvan, pero el humor de los peatones, sus clientes, no. ‘Eso se hace una charca’, rememora Tilcia, mientras espera abajo una ruta transfer del metrobús.

Para su fortuna, y la desdicha de los vendedores, el desalojo amenaza con venir, de nuevo. Millicent Henry asegura que el operativo irá, que espera la coordinación con la Secretaría Social del Municipio. Sin embargo, el peso del mercado parece ser mayor: los vendedores dicen que esperan un fallo de la Corte Suprema a un intento de desalojo previo. Quién sabe. El futuro del nuevo Salsipuedes está en entredicho, pero la tétrica condición del puente promete perdurar.