Obreros denuncia persecución sindical tras detenciones de dirigentes y violación del Convenio de la OIT

Tras el allanamiento de las residencias de los dirigentes sindicales Marco Andrade y Genaro López, quienes a su vez fueron detenidos la mañana de este jueves, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) se pronunció este jueves, denunciando que se trata de un “nuevo acto de persecución” contra las organizaciones obreras críticas al Gobierno.

También hoy, el Ministerio Público realizó un allanamiento en las oficinas de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) como parte de una investigación que avanza sobre supuesto peculado vinculado con el uso de fondos públicos destinados a la educación sindical.

El secretario general de Suntracs, Yamir Córdoba, rechaza estos señalamientos y asegura que las diligencias judiciales fueron ilegales. “Es la respuesta del Gobierno al reclamo formal que hicimos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que quedó evidenciado el abuso que se está dando en Panamá”, señaló.

El Comité de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyó a Panamá en la lista de los 23 casos individuales de gobiernos que deben responder ante denuncias sobre violaciones a derechos laborales y la libertad sindical, particularmente sobre el cumplimiento del Convenio 87 de Ginebra, del que Panamá es parte y que garantiza la libertad sindical. La denuncia fue presentada por distintos sindicatos, incluido Conusi.

“La OIT señaló que se aplicara el derecho internacional e indicó a Panamá que no podía haber persecución sindical, que no hubiese más detenciones arbitrarias y que todo transcurriera como lo señala el Convenio 87 de la OIT, que protege la libertad sindical, pero la respuesta es mantener procesos amañados y carpetillas que no nos permiten verlas”, sostuvo Córdoba.

De acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso este medio, López y Andrade son investigados por presunto peculado por más de 700 mil dólares —que abarca el periodo 2019 a 2024—, relacionado con los fondos entregados a los gremios como parte de la educación sindical, que son aprobados por el Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL), adscrito al Ministerio de Trabajo.

La investigación, en la que también fueron aprehendidos aparatos tecnológicos y otros bienes, fue abierta luego de que la ministra de Trabajo, Jackelin Muñoz, presentara una denuncia en agosto de 2025 por supuestas irregularidades con el manejo de los fondos para educación sindical, asignados por ley a este tipo de organizaciones.

Antonio Vargas, representante legal del Suntracs, asegura que la denuncia es “débil” y que la organización ha sustentado todos sus gastos ante el IPEL, que aprueba los planes de formación sindical propuestos por los gremios. Estos realizan el desembolso con sus fondos, que luego son reembolsados con el dinero destinado a educación sindical, tras la aprobación de la Contraloría.

“Son informes que la misma Contraloría, durante el periodo 2019-2023, había avalado. Hoy la Contraloría se desdice de los informes que ellos mismos habían aprobado, que son el fundamento para que aprobaran los desembolsos (...) Son procesos amañados donde el Ministerio Público se está prestando para ello, en momentos en que se plantea la apertura de la mina a la que el Suntracs se opone”, señaló Vargas.

La dirigencia sindical del Suntracs suma con este un nuevo proceso judicial. López, Jaime Caballero y Saúl Méndez —quien se encuentra fuera del país tras salir exiliado a Bolivia— también son investigados por supuestos malos manejos con tierras en un proyecto en Bocas del Toro, durante las protestas contra la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social, en la que el gremio rechazó la ley. En ese momento, Mitradel también abrió un proceso contra el sindicato en el que pide su disolución, que aún se ventila en un tribunal de trabajo, al tiempo que el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) ordenó cancelar la personería jurídica de la cooperativa de la organización.

Se espera que este viernes tanto Andrade como López, que ya se encontraba en arresto domiciliario, comparezcan ante un juez de garantías.