Propuesta oficial con limitantes

PANAMÁ. La instalación de gobernadores de velocidad en los autobuses y camiones parece haber tropezado con un obstáculo que va más allá de la simple colocación del aditamento.

El plazo de 30 días dado por el mandatario a los transportistas para colocar estos reguladores es ahora el punto en discordia.

Dionisio Ortega, secretario general de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) considera que es factible acatar la disposición, “siempre y cuando nos digan si hay esta pieza disponible y cómo se va a financiar al transportista para que pueda adquirirla y colocarla en su vehículo”.

La “pieza”, al parecer, no existe en el inventario de los distribuidores de respuestos automotrices en Panamá.

“Hay que considerar la disponibilidad de este mecanismo en el país, así como su costo e instalación”, apuntó el empresario Carlos Rabat Mallol, quien pese a estar de acuerdo con la iniciativa presidencial, estima que el tiempo dado para que los transportistas adecúen sus vehículos con el aditamento es muy corto.

Ayer, el vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela reafirmó la posición oficial, anunciando que no habrá prórroga para la instalación de los gobernadores o reguladores de velocidad en el transporte colectivo y de carga.

“Mientras construimos el metro y se moderniza el transporte de pasajeros, los transportistas deben tener claro que tienen que ordenar su forma de operar” indicó Varela, quien además enfatizó que el real problema lo constituyen los mil 500 “diablos rojos” que circulan en condiciones inseguras para los usuarios.

Entretanto, la directora de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Sandra Escorcia, indicó que existe una deuda de más de tres millones de dólares en concepto de boletas aplicadas a conductores del sector comercial, y que en el renglón de los camiones de carga, la misma asciende a un millón 100 mil dólares.

Ayer, la ATTT y la Policía Nacional aplicaron 112 boletas en un operativo de tránsito.