Operación Pandora: apelaciones, desistimientos y rosquitas de pan

Engrilletadas de pies y manos marcharon hoy a la audiencia de apelación las exfuncionarias de la Dirección General de Ingresos (DGI) imputadas en la Operación Pandora. Se sentaron en fila, custodiadas por agentes de la Policía Nacional. Frente a ellas estaban dos imputados señalados por facilitar la triangulación de millones de dólares en créditos fiscales a través de sociedades canastas. Ellos vestían su ropa regular, ya que su medida cautelar era de depósito domiciliario, coloquialmente conocido como casa por cárcel.

En una pantalla televisiva se observaba la imagen de un grupo de hombres con camisetas amarillas y blancas amontonados frente a un webcam. Era el resto de los imputados que participaron desde el Centro de Detención de Tinajitas.

La audiencia arrancó a las 9:10 de la mañana. Ocho horas después, los magistrados del tribunal no llegaron a ninguna decisión definitiva. Se escucharon los argumentos de la defensa y la fiscalía sobre porqué cambiar o mantener las medidas cautelares de detención, hasta finalmente decretar una suspensión para continuar el martes a las 8:30 de la mañana.

Sin embargo, la audiencia del lunes arrojó luces sobre la dirección que lleva el proceso, la estrategia de las defensas y posibles acuerdos que se estén negociando.

Las quince personas imputadas que participaron de la audiencia de apelación fueron Karina Suárez, Cira Marín, Carlos Ferguson, Juan Palacios, Jercovick Joyner, Héctor Luna, Lupo González, Dayra López, Vielka Sáez, Margie Caballero, Juana Chong, Karen Pittí, Elodia De León, Angeli Rodríguez y Katherine Aguirre.

Karen Pittí, creadora de la sociedad Master Eco Green que presuntamente fue utilizada para la venta de créditos fiscales ilegítimos y a través de la cuál se habrían triangulado millones de dólares hacia distintas sociedades y cuentas personales mantiene la medida cautelar de detención domiciliaria. Los fiscales han señalado una fuerte vinculación con Adolfo Cosme Quintero, otro imputado que se entregó voluntariamente la semana pasada y quién se habría beneficiado a través de sociedades y cuentas personales con más de 15 millones de dólares. El testimonio de Pittí fue clave para los fiscales durante la audiencia de imputación a Quintero el pasado viernes.

Lupo González es otro de los imputados que mantiene medida cautelar de depósito domiciliario. Él era auditor en el Departamento de Recaudación de la DGI, dónde cobraba 3,500 dólares al mes. De acuerdo a los informes a los informes de la DGI, fue responsable de evaluar varios trámites de corrección de pago, que los fiscales señalan como irregulares.

Excluyendo a Pittí y González, 13 de las personas citadas en la audiencia se mantienen bajo detención provisional desde el 11 de julio. Las 13 habían anunciado su interés en apelar, pero el día de la audiencia, 8 decidieron desistir.

Específicamente, se trata de Jercovick Joyner, Cira Marín, Héctor Luna, Katherine Aguirre, Dayra López, Karen Pittí, Elodia De León y Angeli Rodríguez.

Las 5 personas que mantuvieron su decisión de apelar eran las exfuncionarias de la DGI Karina Suárez, Margie Caballero, Juana Chong y Vielka Sáez. Además, se encontraba Juan Omar Palacios, quien presuntamente habría recibido más de medio millón de dólares de la sociedad Servicios de Asesoría y Administración Jurado, señalada como intermediaria en el presunto esquema de créditos ilegítimos.

“Estamos en espera de que se tome una decisión en derecho, garantizando así los principios constitucionales y la Convención Americana, respetando la presunción de inocencia”, declaró Hugo Real, abogado defensor de Palacios. “Hubo colegas que, por estrategia procesal, decidieron desistir los recursos. Por mi parte y cinco colegas más decidimos mantenernos en nuestra apelación y estamos esperando una decisión en derecho por parte del Tribunal de Apelaciones”, acotó.

En cuanta a las funcionarias, el principal argumento del Ministerio Público, liderado por el fiscal Emeldo Márquez, se apoya en el testimonio del exdirector de Cuentas Corrientes de la DGI, Eduardo Silvestre, quien fue aprehendido e imputado en una operación previa. Silvestre detalló cómo se habrían hecho pagos primero a Betsy Rodríguez (exfuncionaria también imputada previamente) que a su vez repartía en efectivo al resto de los funcionarios.

Los abogados defensores de las funcionarias coincidieron en señalar que no había evidencia de transferencia significativas de dinero a ellas, más allá de 14 dólares en Yappy para pagar rosquitas de Macaracas y $10.40 por la compra de un libro.

“Las malas y deficientes investigaciones también dañan la imagen de un país. Hay que ser objetivo, hay personas que están muy vinculadas y hay personas que tienen una vinculación carente,” detalló Omar Jaén, abogado defensor de Margie Caballero. “La investigación carece actualmente de técnicas especializadas de investigación como escucha telefónica, seguimiento y vigilancia, agentes encubiertos que son indispensables para poder tener una organización criminal organizada como se ha determinado. También carecen de elementos para determinar el tiempo en que se dan los supuestos pagos, no tienen los montos exactos ni el lugar,” enfatizó.

El fiscal Emeldo Márquez no dio declaraciones a los medios de comunicación, apuntando que aún no termina la audiencia. Este martes a las 8:30 de la mañana se espera que continúe la audiencia con la apelación del Ministerio Público contra las medidas de depósito domiciliario de algunos imputados.