Panamá cumple orden de Chávez

PANAMÁ. Cuando hace más de un año Hugo Chávez decidió expropiar las empresas cementeras en Venezuela, argumentó “razones estratégicas”.

Era el mes de abril de 2008 y por todo el mundo, el precio del petróleo empujaba los costos de los insumos en otras industrias. Uno de ellos era el cemento.

Hugo Chávez, quien lidera un gobierno izquierdista en Venezuela, decidió que todas las empresas de cemento deberían pasar a manos del Estado. “Vamos a hacerlo en el más corto plazo”, dijo el polémico mandatario.

CEMEX Venezuela, filial de la empresa CEMEX México, era una de las compañías que Chávez tenía en la mira. Controlaba el 50% del mercado del país.

La empresa intentó defenderse en los tribunales venezolanos, pero una movida del gobierno de Chávez lo trajo a territorio panameño.

El 20 de marzo de 2009, Venezuela, representada por el abogado Francisco Carreira Pittí, presentó ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá una solicitud para declarar “ejecutable en Panamá” una resolución emitida el 15 de septiembre de 2008 en Venezuela para secuestrar y prohibir la venta de los buques 'Corregidora', 'Marianela' y 'Edalan', con bandera panameña.

Según Carreira Pittí los tres buques fueron inscritos en el registro panameño “en fraude al Estado venezolano”. El fallo llegó el pasado 4 de junio, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley James Mitchell y miembro además de la Sala de Negocios Generales, ordenó, al Primer Tribunal Marítimo de Panamá proceder con el secuestro de las tres motonaves “hasta tanto se dé reconocimiento y ejecución a la sentencia extranjera”.

Mitchell justificó la decisión señalando que pese a que todavía no se había producido una decisión final que homologara y declarara ejecutable en territorio nacional resoluciones extranjeras, era necesario dar una posición. Ese mismo día, 4 de junio, la nave 'Edalan' en el puerto de Cristóbal en Colón fue cautelada.

Pero el 10 de junio de 2009, el Primer Tribunal Marítimo de Panamá reiteró las medidas de secuestro y prohibición de venta en favor del gobierno de Chávez, sobre los buques de bandera panameña.

Pero los tres buques aparecen registrados como propiedad de la Sociedad Sunbulk Shipping. Según sus abogados fueron transferidos antes de la petición de embargo.

Una semana más tarde de la confirmación del Tribunal Marítimo, el propio magistrado Mitchell autorizó al tribunal panameño a fijar una fianza que permitirían el levantamiento del secuestro de la nave, Edalan.

Un experto determinaría el valor de Edalan en el mercado, y fijó en 3 millones 500 mil dólares la cifra mágica para desembargar el buque.

Sunbulk Shipping los canceló ese mismo día.

Mientras en Venezuela, la expropiación dictada por Chávez espera una sentencia, en Panamá hay órdenes judiciales a su favor. La nacionalización del presidente Chávez es, para los representantes de Sunbulk “una confiscación de bienes”, que han pedido declarar “no ejecutable” en Panamá, la cautelación. Se fundamentan en que eso sería violar las garantías fundamentales del debido proceso, establecidas en la Constitución Política.

El embajador de Venezuela en Panamá, Jorge Durán Centeno, no deja lugar a dudas. Él asegura que los buques en litigio son propiedad de CEMEX Venezuela, y que su abanderamiento en Panamá “fue una maniobra”.

Centeno además reveló que este litigio “estaba en conocimiento de las autoridades panameñas”, en referencia a figuras del Ejecutivo. “El tema fue abordado durante la última visita que realizara el ahora ex presidente Martín Torrijos al mandatario venezolano”, (marzo de 2009), explicó.

“El gobierno gestiona que los buques de CEMEX sean devueltos a Venezuela, que es su legítimo dueño”, aseguró el diplomático.