Organizaciones sociales presentan denuncia criminal sobre lo que describen como una red ilegal de vigilancia policial

Dirigentes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, en conjunto con diversos grupos defensores de derechos humanos y docentes, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y otras unidades de la fuerza pública, en la que hablan de “espionaje ilegal” contra distintas organizaciones.

“Hablamos de una organización de vigilancia política y social, ejecutada con organismos del Estado. Se describe una red con mando, despliegue territorial, espionaje de datos, monitoreo digital y enlaces judiciales, orientada a intimidar líderes, debilitar organizaciones y construir causas judiciales”, señaló en conferencia de prensa este 8 de septiembre José Viquez, uno de los voceros de los grupos sociales.

Explicaron que la acción judicial surgió luego de que se presentaran ante relatores de Naciones Unidas las denuncias, con respaldo del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (Iiresodh).

Sostienen que se habría establecido un “entramado” de al menos una veintena de unidades de la fuerza pública para dar seguimiento sistemático a las organizaciones que han participado en acciones de protesta sobre diversos temas, que incluyen el rechazo a la mina en Donoso, el proyecto de Río Indio y el rechazo al Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos firmado en 2025. Afirman, además, que la “vigilancia se habría desarrollado por vía de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y con agentes miembros de esta unidad dentro de la fuerza pública”.

Según la denuncia de 46 páginas, a la que tuvo acceso este medio, además de Fernández, también estarían señalados en la acción judicial el subcomisionado Julio Cedeño, director de la DNIP, junto a otros 23 policías, entre los que se incluyen sargentos, cabos, agentes y un mayor, que, de acuerdo con las organizaciones, sería el jefe del “Departamento de Orden Público”, ligado a la DNIP.

Estos son acusados por los grupos de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, los delitos contra la seguridad informática y asociación ilícita para delinquir, además de delitos contra la administración pública, en calidad de abuso de poder y peculado de uso.

El abogado Antonio Vargas señaló que habría identificado a unidades de la Policía en seguimiento a grupos indígenas en Panamá Este, así como a estructuras sindicales, estudiantiles y grupos ambientales en distintas provincias del país. “Los policías se hicieron pasar como militantes y activistas para infiltrarse y recabar información sin ninguna orden judicial”, dijo.

Sostiene que también se habrían utilizado fondos públicos para financiar las operaciones y que los datos recabados “serían utilizados para alimentar expedientes judiciales”. Además, se señala que los efectivos involucrados no se habrían limitado a labores de inteligencia pasiva, sino que habrían “participado activamente como instigadores de hostigamientos durante protestas sociales, fabricación e implantación de pruebas”, y actuado como “testigos protegidos en procesos judiciales” contra dirigentes comunitarios.

Aseguran que la red se habría establecido antes de 2025 y que tiene sus precedentes durante el estallido social en contra del contrato minero bajo el gobierno de Laurentino Cortizo (2014-2019) , pero que esta habría ido “perfeccionándose” en las coyunturas de protestas subsiguientes, incluyendo las más recientes manifestaciones contra la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social.

“Le pedimos al procurador Luis Gómez que admita esta denuncia criminal en favor de las víctimas y llamamos a las víctimas a que se constituyan en querellantes legítimos. También hacemos una solicitud urgente al señor procurador para que ordene una medida de protección a las víctimas y que ordene de inmediato diligencias de inspección ocular a la Policía Nacional”, enfatizó Vargas