Organizaciones de la sociedad civil rechazan nueva norma que modificó la Ley Orgánica de la Contraloría

Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación y rotundo rechazo a la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022 que modificó la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, así como la Ley 67 de 2008 que regula la Jurisdicción de Cuentas, tras afirmar que se viola la Constitución al crear fueros y privilegios para los funcionarios de la Contraloría.

Las organizaciones plantean además que la Ley 351 ya sancionada por el Ejecutivo, debilita la institucionalidad panameña en materia de prevención y sanción de la corrupción pública, al otorgarle al Contralor General de la República poderes discrecionales que le permitirá decidir, sin contrapeso alguno, qué investiga o deja de investigar.

"Se trata de una concentración de poder muy peligrosa, que amenaza el Estado de Derecho y la democracia", advirtieron.

Entre las organizaciones que rechazan la sanción de esta ley están: El Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM), Centro de Incidencia Ambiental (CIAM Panamá), Civitas Panamá, Consejo de Ex Presidentes de Gremios de Panamá (CONEXPA), Fundación Espacio Cívico, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana - Transparencia Internacional Panamá, Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Movimiento Independiente por Panamá (MOVIN), Movimiento Panamá Joven y la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia.

En un comunicado estas organizaciones detallaron sus principales objeciones a la Ley 351:

"En vista de las claras violaciones a la Constitución en las que incurre la Ley 351 de 2022, anunciamos que estaremos presentando las acciones judiciales correspondientes", informaron en el comunicado.