Primera reunión entre Mulino y De La Espriella: interconexión eléctrica en la mira

Panamá busca dar un nuevo impulso junto con Colombia al proyecto de Interconexión Eléctrica Panamá–Colombia (ICP), una iniciativa discutida durante más de dos décadas que pretende conectar por primera vez los sistemas eléctricos de Centroamérica y Sudamérica.

El proyecto atraviesa actualmente uno de sus momentos más decisivos. Según conoció La Estrella de Panamá, los avances técnicos y financieros permitirían apuntar hacia una decisión final de inversión durante el primer trimestre de 2027, siempre que ambos gobiernos logren completar en los próximos meses los procesos regulatorios, ambientales y de consulta pendientes.

La intención panameña es mantener una coordinación política de alto nivel con Colombia que permita destrabar esas etapas y, una vez alcanzado el cierre financiero, comenzar una construcción estimada en aproximadamente 30 meses.

El objetivo planteado es que la interconexión pueda inaugurarse antes de que concluya el mandato del presidente panameño, José Raúl Mulino.

Más allá de la construcción de una línea de transmisión, el Gobierno panameño visualiza el proyecto como una pieza estratégica para la integración regional.

La interconexión permitiría enlazar el mercado eléctrico centroamericano con el colombiano y, a través de este, con Sudamérica, colocando a Panamá como punto de conexión entre ambos sistemas.

Para el país, el proyecto podría traducirse en una mayor seguridad energética, acceso a fuentes de generación más competitivas, mejores condiciones para incorporar energías renovables y una mayor capacidad de respuesta frente a sequías u otras contingencias que afecten la producción eléctrica.

También se contempla una reducción de emisiones asociada a una utilización más eficiente y diversificada de las fuentes de generación disponibles en ambos mercados.

La apuesta complementaría, además, el papel que Panamá ya desempeña como centro logístico, marítimo, comercial y financiero de la región, incorporando una nueva dimensión: la de hub energético de las Américas.

El proyecto registra avances importantes. La regulación binacional está prácticamente acordada, mientras que el modelo financiero fue concluido con apoyo de BID Invest. Los estudios ambientales se encuentran en su fase final en ambos países y Colombia ha completado la mayoría de las consultas previas previstas.

En Panamá, sin embargo, uno de los principales desafíos pendientes está relacionado con las consultas correspondientes a las autoridades y comunidades indígenas de Gunayala, Wargandí y Alto Bayano, territorios vinculados al área de influencia del proyecto.

Este proceso será determinante no solo para la viabilidad de la obra, sino para establecer con las comunidades qué significa el desarrollo dentro de sus territorios y cuáles serán los beneficios, impactos y compromisos asociados al proyecto.

En ese contexto, uno de los asuntos relevantes será determinar de qué manera una infraestructura energética de alcance regional puede generar beneficios concretos para las poblaciones ubicadas en su zona de influencia, particularmente aquellas que todavía enfrentan limitaciones de acceso a electricidad y servicios básicos.

La interconexión, por sí sola, no implica automáticamente la electrificación de las comunidades por donde atraviese la infraestructura, debido a que se trata principalmente de un sistema de transmisión de energía entre ambos países. Sin embargo, el proceso de consulta puede abrir espacios para discutir proyectos complementarios de electrificación, infraestructura y desarrollo comunitario, siempre que estos sean acordados con las poblaciones involucradas y asumidos formalmente por las autoridades correspondientes.

Durante los próximos meses, Panamá y Colombia deberán concentrarse en cuatro tareas fundamentales: completar las consultas pendientes, finalizar los permisos ambientales, cerrar la regulación necesaria para concretar el esquema financiero y establecer la estrategia de contratación internacional para la construcción.

A diferencia de etapas anteriores, el financiamiento ya no aparece como el principal obstáculo para sacar adelante la iniciativa.

Por ello, Panamá considera que el desafío se ha trasladado principalmente al terreno político, regulatorio y de coordinación institucional.

‘La Decana’ conoció que, al culminar la reunión entre ambos homólogos, se acordó que tanto Colombia como Panamá impulsen un mecanismo permanente de seguimiento al proyecto e instruyan a sus ministros y entidades competentes para acelerar los trámites pendientes.

También se busca coordinar la regulación necesaria para alcanzar el cierre financiero durante el primer trimestre de 2027 y promover conjuntamente el inicio de las obras.

Después de más de veinte años de planificación y negociaciones, la interconexión entra así en una etapa que podría definir finalmente su ejecución.

Para Panamá, la iniciativa representa mucho más que transportar electricidad de un país a otro: supondría establecer el primer vínculo energético entre Centroamérica y Sudamérica y reforzar la posición estratégica del país como punto de encuentro entre ambas regiones.