Panamá por debajo de estándares

PANAMÁ. En materia de justicia penal de adolescencia, el Estado panameño está por debajo de los estándares establecidos por las legislaciones vigentes y acuerdos suscritos en materia de derechos humanos.

Lo anterior quedó en evidencia durante el primer Monitoreo de Violencia en Centros de Custodia y de Cumplimiento según la Responsabilidad Penal para la Adolescencia, realizado por la Defensoria del Pueblo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Este monitoreo da cuenta de que la situación de los adolescentes refleja grandes escollos en aspectos como la implementación de principios y garantías vinculados al derecho a la educación y al derecho a la petición.

La principal limitante educativa detectada por el monitoreo es la falta de concordancia entre el Ministerio de Educación (MEDUCA) y los Centros de Custodia y Cumplimiento para el nombramiento de profesores. Esto debido a que un número considerable de las personas en conflicto con la ley poseen estudios básicos completos en primaria, mientras que los docentes asignados son maestros de primaria.

De acuerdo con los entrevistados, el acceso a la educación dentro de los Centros de Custodia y Cumplimiento, en muchos de los casos “ha dejado de ser un derecho para convertirse en un premio” para aquellas personas privadas de libertad con buena conducta o que caen en gracia con las autoridades del centro.

En este sentido, Mark Conolly, representante de la UNICEF, sostiene que castigar a un joven con no asistir a clases no es la mejor manera de afrontar las cosas, porque las personas que han salido de problemas o vicios lo han hecho a través de la educación.

Conolly manifestó que para que esta situación cambie lo primero que se tiene que hacer es reconocer que la educación es la salida a los problemas.

Por su parte, Ricardo Vargas, defensor del Pueblo, indicó que la falta de oportunidades que tienen los jóvenes infractores puede contribuir a que sean reincidentes, porque la espiral de violencia está allí y las posibilidades de que regresen al círculo de violencia están muy presentes.

Vargas agregó que en la medida en que el tema de educación se pueda satisfacer, muchos derechos fundamentales se podrán lograr, y cuando estos jóvenes regresen a la sociedad no caigan en el círculo de violencia.

Aunque el defensor reconoció que se realizan esfuerzos para reinsertar a los jóvenes infractores, aduce que no son suficientes y que se está en mora en muchos aspectos.

Dentro de los principales hallazgos del monitoreo se encontró que la violencia dentro de las instituciones de justicia penal para personas menores de edad adquiere muchos matices, algunas veces ocultos o no denunciados.

Prueba de ello es que uno de los adolescentes entrevistados expresó abiertamente: “Yo sí no voy a cooperar con ustedes, porque apenas ustedes se van el director se las cobra”.

Igualmente el monitoreo destaca que la mora en la aplicación de la Ley 40 de 1999 del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, la carencia de los recursos presupuestarios suficientes y la falta de convenios interinstitucionales conduce a un sistema colapsado o al borde del colapso.

El hacinamiento y las malas condiciones de vida de los jóvenes privados de libertad son caldo de cultivo para una convivencia conflictiva y violenta. Los centros de custodia carecen de mecanismos formales para el reclamo o queja.

Además, quedó evidenciada la cantidad insuficiente de custodios y custodias, la carencia de agua potable y de condiciones mínimas de salubridad.

Vargas dijo que con esto se demuestra una deuda pendiente en insertar y ayudar a resocializar a los jóvenes, y además, se deja claro que se necesita un pequeño esfuerzo para que se pueda avanzar en el tema. Espera que este informe se tome en cuenta.