El Estado de Panamá 'debe pronunciarse' sobre el caso Waked, advierten expertos

Actualizado
  • 16/05/2023 00:00
Creado
  • 16/05/2023 00:00
En un análisis de las declaraciones del exembajador, expertos en política exterior reconocen el mal manejo de las autoridades en el caso Waked. Esperan que el actual gobierno pueda enmendar esos errores
El centro comercial Soho Mall, que era propiedad de Waked, fue vendido a un consorcio mexicano.

Las declaraciones del exembajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Panamá John Feely, obligan al Gobierno Nacional a pronunciarse para defender la honra y bienes del empresario Abdul Waked, como establece la Constitución de Panamá en su artículo 17.

En una entrevista con el programa “De Frente con Sabrina Bacal” en TVN, el exembajador se refirió a la inexistencia de pruebas en el caso penal seguido a Nidal Waked, que está relacionado con el proceso administrativo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que culminó con la inclusión del empresario Abdul Waked en una lista discriminatoria que lo asfixió económicamente y lo obligó a ceder acciones y a desvincularse de empresas.

Abdul Waked fue despojado, entre otros, de las tiendas Felix B. Maduro y del centro comercial Soho Mall.

Feeley representó al Gobierno estadounidense durante este proceso. Pero siete años después reconoció la injusticia que se cometió. Y exigió a su gobierno corregir sus acciones. “… El Gobierno (EE.UU.) no tenía pruebas suficientes para probar el lavado de dinero al cartel de Sinaloa (de Nidal Waked, sobrino del empresario)”, dijo Feely.

En un análisis de las declaraciones del exembajador, dos abogados, dos internacionalistas y un excanciller se refieren a las lecciones aprendidas del caso Waked, a las obligaciones del Estado de Panamá con los nacionales y extranjeros.

Además, proponen al Gobierno panameño impulsar acciones que permitan esclarecer el caso del empresario en EE.UU. en un intento por enmendar los errores cometidos por la administración de Juan Carlos Varela.

Euclides Tapia, catedrático de la Universidad de Panamá, de la Escuela de Relaciones Públicas, está convencido de que después de las contundentes declaraciones del exembajador, “el gobierno que dirige Laurentino Cortizo está obligado a pronunciarse, más aún cuando no fue protagonista primario de los hechos”.

“El pronunciamiento (además) debe admitir el error producido y las formas de resarcirlo”, dijo. En este punto, recriminó la inapropiada conducta de la exvicepresidenta y excanciller Isabel de Saint Malo, quien contrario a la práctica de la defensa de los nacionales y extranjeros salió a castigar al empresario, adoptando una conducta “antipatriótica”. “Como mínimo [de Saint Malo] debió apelar al cumplimiento del debido proceso antes de prejuzgar al acusado”, continuó Tapia.

Fermín Góndola Mejía es colega de Tapia, y también castiga las acciones de la administración de Varela, “que decidió apropiarse, mediante un fideicomiso”, de las empresas de Waked. “Se aplicó una ley de extinción de dominio que no existe en el país”, advirtió Góndola.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), está convencido de que el paso del tiempo expuso las omisiones cometidas por las autoridades en el caso del empresario.

Pero, a su juicio, con el cambio de las autoridades que se dio en 2019, queda esperar que corrijan actuaciones y que no sigan con la ruta de la indiferencia.

La Cancillería de Panamá es la encargada de hacerlo, establece. Después de las declaraciones del exembajador, la Cancillería “debe implicarse directamente para poder zanjarlo (el tema)”, concluyó.

Miguel Antonio Bernal, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, también es directo. El Gobierno de Panamá –al más alto nivel– puede realizar una petición de esclarecimiento del caso.

“Yo sí creo que hay que hacerlo, sobre todo porque aquí se ha sentado un precedente nefasto en donde decenas de familias se vieron afectadas” por las pérdidas de sus empleos, expresó Bernal.

El excanciller José Miguel Alemán, por su parte, explicó que en el caso particular del Grupo Wisa, empresas emblemáticas de nuestro país aún no han podido recuperarse de los efectos de la inclusión en una lista discriminatoria.

“Es a estos efectos traumáticos y la falta de corroboración posterior de la información que recibió el exembajador, dentro del proceso penal posterior seguido a Nidal Waked, que lo llevan a expresar su decepción personal...”, explicó el excanciller.

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