Panamá Ports: Fiscalía Anticorrupción mantiene causa activa de alta complejidad

Durante su jornada de rendición de cuentas de este viernes, la Procuraduría General de la Nación ofreció detalles sobre el estado de investigaciones de alto perfil vinculadas a presuntos delitos contra la administración pública, entre ellas el caso relacionado con Panamá Ports Company, uno de los expedientes más complejos que actualmente maneja la Fiscalía Anticorrupción.

El procurador general de la nación, Luis Carlos Gómez Rudy, subrayó que el proceso se encuentra en una fase activa y técnicamente robusta, aclarando que el Ministerio Público actúa con base en criterios jurídicos y probatorios, no políticos ni mediáticos.

Explicó que la investigación sigue un enfoque estadístico y metodológico que parte del análisis de hechos y avanza progresivamente hacia la individualización de posibles responsabilidades penales.

“Evidentemente el Ministerio Público investiga hechos y surgen personas que pueden estar indiciadas. Una vez estas personas indiciadas, y cuando la investigación se encuentra lo suficientemente robusta, se presenta el caso ante los tribunales de justicia, específicamente ante los jueces de garantías”, precisó Gómez.

En cuanto al caso Panamá Ports, el funcionario confirmó que el expediente se tramita en la sección de causas de alta complejidad de la Fiscalía Anticorrupción, debido al volumen y naturaleza de los hechos investigados.

De acuerdo con la información oficial, se trata de una investigación extensa que ha requerido un despliegue significativo de recursos técnicos y humanos.

“Ha tenido alta actividad; es una investigación voluminosa. Se han analizado múltiples comisiones, entrevistas, inspecciones oculares, resoluciones fiscales y más de 400 actos de investigación de oficio, entre otros”, detalló.

Reiteró que el proceso se mantiene permanentemente activo y orientado a acreditar el hecho punible e identificar a las personas que puedan o no estar vinculadas a las irregularidades bajo análisis.

El procurador general recordó que el Ministerio Público, en su rol de representante de la sociedad, conceptuó a favor de la inconstitucionalidad de dichos instrumentos contractuales, postura que —según el comunicado oficial del pleno— fue acogida por el máximo tribunal.

No obstante, el procurador aclaró que aún está a la espera de la notificación formal de la decisión judicial, conforme a lo establecido en el Código Judicial, y recordó que, una vez ejecutoriada, la sentencia deberá publicarse en Gaceta Oficial y será de cumplimiento obligatorio.

La Procuraduría insistió en que la rendición de cuentas forma parte de su compromiso con la transparencia institucional y con el derecho ciudadano a conocer el estado real de las investigaciones, sin comprometer el debido proceso ni la presunción de inocencia.