Peritos de Contraloría testifican en caso Patrimonio Histórico

El juicio por el caso Patrimonio Histórico continuó este martes 3 de marzo en el Palacio Gil Conte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Se trata de una audiencia ordinaria para un caso acumulado que reúne tres proyectos, los trabajos de restauración del patrimonio histórico en el Casco Antiguo, las obras en avenida Domingo Díaz y el tramo 2 de la Vía Brasil.

El Ministerio Público busca lograr la condena de nueve imputados por el presunto delito de peculado en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Entre ellos se encuentra el exministro de Obras Pública, Federico Suárez.

Suárez ya tiene una condena por peculado doloso agravado en relación a los trabajos de la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera y es uno de los imputados junto al expresidente Ricardo Martinelli en el caso Odebrecht. En este caso, la Fiscalía lo acusa a él y los otros 8 imputados de ser parte de un esquema de sobrecostos para la realización de obras públicas.

El equipo de fiscales es el mismo del caso Odebrecht, se trata de Ruth Morcillo, Thalia Palacios y Jenisbeth Malek. La jueza encargada es Águeda Rentería. El acto es desrrollado por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La audiencia de este martes comenzó con declaraciones de dos auditores de la Contraloría General de la República. De acuerdo a los informes periciales, hubo un perjuicio económico de 51,4 millones de dólares en perjucio del MOP en el caso de Patrimonio Histórico y 47,3 millones de dólares por las obras de mejoramiento y ensanche de la Avenida Domingo Díaz.

Luego se presentó un tercer perito llamado por la Fiscalía que se refirió a los distintos proyectos acumulados en el expediente.

Las obras cuestionadas fueron realizadas por consorcios entre los que destacan empresas como Constructora Odebrecht, Constructora MECO, y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), entre otras.

La teoría del caso de la Fiscalía plantea que hubo acuerdos entre las empresas constructoras y funcionarios que habrían resultado en la adjudicación de proyectos millonarios, dentro de los cuáles se introdujeron luego cuantiosos sobrecostos.

Durante el primer día del juicio esta semana se designó un abogado del Instituto de la Defensa Pública para poder representar a algún defendido en caso de la ausencia de su abogado particular. Posteriormente, se procedió con la lectura de los dos autos mixtos emitidos por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales dentro de esta causa.

Se abrió entonces el espacio para la presentación de incidencias, etapa que fue aprovechada por seis abogados defensores para formular diversas solicitudes. La jueza Rentería determinó que estas incidencias serán resueltas durante la fase de alegatos finales “a fin de garantizar el equilibrio procesal entre las partes”, de acuerdo a un comunicado del Órgano Judicial.

Luego empezó la presentación de pruebas extraordinarias. Entre los medios probatorios anunciados por el Ministerio Público figura el testimonio de una de las personas procesadas que alcanzó un acuerdo de colaboración eficaz y pena con la Fiscalía.

Los elementos del caso se repiten con varias investigaciones hechas en años recientes. Durante el juicio Odebrecht, el abogado Mauricio Cort (quien firmó un acuerdo de pena con la Fiscalía) manifestó que fue abordado para la utilización de sociedades en Andorra precisamente por sus conexiones con empresas como FCC.

En la investigación por el caso Blue Apple, varias empresas constructoras incluyendo algunas nombradas en esta investigación, fueron señaladas depositar dineros a una cuenta presuntamente a cambio de la adjudicación de contratos. Las empresas firmaron acuerdos con el Ministerio Público y siguen licitando obras públicas en el país.