Pescadores del golfo rechazan convenio de patrullaje con Sea Shepherd

El Ministerio de Ambiente (Miambiente) suscribió un convenio de vigilancia, control y fiscalización de áreas marinas protegidas, con una organización ambiental que ha estado involucrada en enfrentamientos con pescadores nacionales e internacionales por supuestas prácticas agresivas. Las denuncias provienen de un grupo de pescadores del Golfo de Chiriquí, quienes han advertido de los conflictos que podría traer la decisión del ministerio.

En 2017, un grupo de pescadores en el Golfo de Chiriquí denunció un enfrentamiento con miembros de la organización Sea Shepherd, que cortaron los trasmallos y lanzaron al agua el producto de la pesca de atún.

“Aquí vemos la nave Johm Paul Dejoria, quienes han querido agredir a los pescadores con armas...”, dijo un pescador en un video que salió en medio de la controversia que ha surgido por la firma del acuerdo. La organización ambiental negó el uso de armas y aseguró que el incidente se produjo porque los pescadores están realizando sus actividades en áreas protegidas.

Cuatro días después del incidente, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) hizo una inspección a la nave y determinó que las actividades que estaba realizando la embarcación no se ajustaban al permiso de operación que se les había otorgado.

A través de la resolución 106 CA-21-DGMM, la AMP expulsó a la nave. Además, la autoridad exigió al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) escoltar la mencionada embarcación fuera de las aguas jurisdiccionales de Panamá.

A la embarcación de la organización se le canceló un permiso de navegación para hacer turismo en aguas panameñas por estar monitoreando y documentando barcos pesqueros en el área protegida de Coiba, en junio de 2017.

En esa ocasión, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), rechazó cualquier tipo de intervención, monitoreo, fiscalización de naves extranjeras a embarcaciones nacionales en las aguas jurisdiccionales de Panamá.

Sea Shepherd es una organización ecologista constituida en 1981, por el ecologista Paul Watson, después de haber sido expulsado de Greenpeace por sus métodos agresivos que rayaban en la ilegalidad.

“El protector de los mares”, como lo denominan, dotó sus naves con mangueras de agua a propulsión y alambres electrificados. También recubrió de cemento su embarcación para embestir a los balleneros y hundirlos.

El emblema que portan las embarcaciones de la organización es una calavera y huesos cruzados, un símbolo que se parece a los de los piratas.

Desde 2015, la organización mantenía un convenio para conservar la vida de la vaquita marina en México. Sin embargo, en enero de 2021 se propuso su expulsión del área de conservación del cetáceo después de que una de sus embarcaciones chocara con una pesquera y un pescador falleciera y otro saliera herido, en diciembre de 2020, uno de los más recientes incidentes de la organización.

Tras conocerse el nuevo convenio entre la organización y Miambiente, los pescadores han mostrado un profundo descontento, y no descartan enfrentarse a los miembros de la organización si se mantienen las mismas prácticas agresivas y extremistas para reprimir a los pescadores, han manifestado.

David Sanabria, capitán de puerto Pedregal, en el golfo de Chiriquí, recuerda los enfrentamientos de 2017. “Ellos llegaron sin avisar y bruscamente levantaron las cuerdas con los anzuelos y los pescados a los muchachos, que no estaban haciendo nada malo porque estaban trabajando en áreas comerciales”, afirmó Sanabria.

Y presagia que el convenio entre las autoridades y la organización “traerá problemas. Me imagino que todo el mundo se les va a ir encima si intentan repetir las mismas prácticas”, concluyó el pescador.

Alejandro Vásquez, dirigente y presidente de la asociación de pescadores del Golfo de Chiriquí, demostró su disgusto con la decisión de Miambiente. Aseguró estar dispuesto a tomar las armas si la organización intenta causar problemas.

El 9 de abril de 2021, el convenio fue enviado a la Contraloría General de la República. Pero se desconoce si ha sido refrendado. De acuerdo con el documento, la organización vigilará y fiscalizará el sitio Ramsar del golfo de Montijo, el Parque Nacional Coiba y su zona especial de protección marina y el Parque Nacional Golfo de Chiriquí.

Los patrullajes se realizarán conjuntamente con personal idóneo (guardaparques y técnicos), a bordo de los barcos de la organización y tendrán la facultad de detener a cualquier embarcación y tripulación sospechosa de actividades ilegales en perjuicio de la biodiversidad y las normas ambientales, establece una comunicación de Miambiente.

“Las áreas protegidas marinas son extremadamente importantes para el desarrollo sostenible y para tener recurso pesquero a largo plazo; las mismas cuidan ecosistemas de alta biodiversidad y procesos ecológicos importantes que resultan en repoblación de especies de importancia comercial y turística”, explicó Shirley Binder, directora de Áreas Protegidas de Miambiente.

Binder agregó que la organización solo prestará los servicios de las embarcaciones y apoyo con herramientas tecnológicas para que las reglamentaciones de la actividad pesquera sean cumplidas, ayudando al país a evitar la pesca y otras actividades ilegales que repercuten en la salud de las áreas protegidas.

La directora de áreas protegidas aseguró que poder contar con una alianza estratégica que ayude a implementar los programas de fiscalización, control y vigilancia, es de gran avance para la implementación de las normas ambientales.

Sin embargo, un experto en temas pesqueros, que pidió no ser mencionado por su nombre, expresó que no es prudente delegar este tipo de actividades –con el supuesto de fortalecerlas– en organizaciones ambientales extranjeras, porque crea una dependencia de estos acuerdos.

Según el experto, es mejor fortalecer el Servicio Nacional Aeronaval (Senan). “Si creamos áreas protegidas, debemos invertir en su mantenimiento. De lo contrario, todo seguirá quedando en papel. Da lástima pensar que se gastan y roban tantos millones en cosas sin sentido”, concluyó.

En junio de 2019, la Arap consultó a la Procuraduría de la Administración para que emitiera un criterio sobre la viabilidad de firmar acuerdos con entes privados del sector pesquero para movilizar a inspectores y hacer decomisos en áreas donde no se podía acceder por no contar con embarcaciones propias.

La Procuraduría de la Administración respondió que la legislación no permitía firmar acuerdos con pescadores para este tipo de actividades. La institución indicó que se firmarían convenios y contratos utilizando los mecanismos previstos en la Ley de Contratación Pública, y donde sea posible y necesario se debería coordinar con el Servicio Marítimo Nacional para que se cumpla la legislación vigente.

Este medio consultó a la misma instancia para conocer la viabilidad del convenio entre Miambiente y Sea Shepherd. Se está a la espera de una respuesta.