Fiscalía pide más tiempo para el caso Odebrecht

Después de tres años de iniciada la investigación sobre los supuestos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó a políticos y funcionarios panameños, el Ministerio Público (MP) no ha culminado las pesquisas. En cambio, solicitó al Tribunal, por segunda vez, que se extienda el término (sin especificar cuánto) para concluir las averiguaciones.

El 8 de marzo pasado, el fiscal Superior Especial Anticorrupción envió la nota al juez Duodécimo del ramo penal aduciendo que debe practicar y ordenar la ejecución de las diligencias que ayuden en el caso.

En un escueto comunicado, el MP justificó que requiere más tiempo para este caso debido a que algunas líneas de investigación se encuentran paralizadas porque no se han resuelto amparos de garantías constitucionales en la Corte Suprema. Añade que hay pendientes indagatorias y el levantamiento del fuero penal electoral de otros señalados, además del trámite de extradición de otros implicados y el procesamiento de 16 cuentas bancarias cuyo hallazgo es de reciente incorporación al expediente.

‘Hay pendientes indagatorias y el levantamiento de fuero penal electoral de otros señalados, además del trámite de extradición de otros implicados y el procesamiento de dieciséis cuentas bancarias',

MINISTERIO PÚBLICO

En abril de 2018, el juzgado otorgó a la Fiscalía un año para continuar con las ‘complejas' investigaciones, como las califica la oficina de instrucción.

En noviembre del mismo año, las autoridades del MP dijeron en conferencia de prensa que el caso tenía un 80% de avance. Entonces, se esperaba que en abril de 2019 culminaran las pesquisas, tal como había dicho el MP. En cambio, la Fiscalía solicitó una segunda prórroga.

En noviembre de 2018, las fiscales Anticorrupción Zuleyka Moore, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Tania Sterling detallaron que como resultado de la investigación —que se abrió a finales de 2016 y alcanza 628 tomos— había 76 imputados, se habían recuperado $255,123,484.60, logrado cinco condenas y recibido la cooperación internacional de 23 jurisdicciones.

Curioso es que la rama por la cual se inició la investigación —la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a Odebrecht— mencionaba que, entre 2010 y 2014, la empresa brasileña había entregado $59 millones en sobornos a políticos panameños.

No obstante, según el MP, se ha recuperado cuatro veces la cantidad mencionada por los norteamericanos, lo que deja sin precisar la suma de dinero que la empresa pagó en sobornos en Panamá.

Ente 2006 y 2014, Odebrecht habría pagado sobornos por $100 millones, de acuerdo con el informe de las fiscales, que también dieron detalles de la denominada ‘caja 2', a través de la cual se hacían los pagos ilegales.

La constructora se instaló en Panamá en 2006, cuando vio la oportunidad de participar en proyectos de infraestructura licitados por el entonces gobierno de Martín Torrijos.

Su entrada al istmo no fue casual, tal vez estaba planificada o inspirada en el desarrollo que debían aplicar los países latinoamericanos para implementar infraestructura pública y encaminarse a una economía próspera.

Panamá no era ajeno a esa visión que tomó fuerza en el gobierno de Torrijos, un político de la Internacional Socialista que durante su mandato coincidió con otros miembros del movimiento en países como Brasil, con Luiz Inázio ‘Lula' Da Silva.

A partir de entonces y hasta el 2014, la brasileña se hizo de más de $9 mil millones en proyectos licitados por los distintos gobiernos.

La justicia panameña validó en diciembre pasado el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de $220 millones y el archivo del caso en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.

Con este acuerdo, la compañía pretendía ‘seguir viva', ya que en otros países se les vedó la posibilidad de participar en futuras licitaciones. Y lo logró.

A pesar de las investigaciones pendientes contra la empresa, el presidente Juan Carlos Varela le otorgó el programa habitacional de Colón por un valor de $400 millones. La administración Varela también le adjudicó el proyecto de expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, terminal 2, a un costo de $13.9 millones.

El Municipio de Panamá puso en marcha el proyecto revitalización de los espacios públicos de la ciudad a un costo global de $99 millones.

Nada fue impedimento para que, en noviembre pasado, el gobierno adjudicara a Odebrecht, en asociación con la española FCC, la construcción del ramal de la línea 2 del metro, con un costo de $94 millones.