Latinoamérica continúa vulnerable a la pobreza

Uno de cada tres Latinoamericanos está en riesgo o en condición de vulnerabilidad de caer en la pobreza, según el informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe que lanza hoy, desde Panamá, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El texto invita a los gobiernos a ver el tema de la pobreza en forma multidimensional y dejar a un lado la hipótesis de que el Producto Interno Bruto está íntimamente relacionado a la disminución de la pobreza. El PIB, explica el estudio, mide el valor de los bienes y servicios, no mide bienestar. Esto, en función de las investigaciones de campo del PNUD que reflejan otros condicionantes para abandonar la pobreza.

DESAFIOS 2030

El texto indica que entre 25 y 30 millones de personas se encuentran en riesgo de recaer en la pobreza. En este sentido, los factores claves que vulneran a estas personas es la ausencia de protección social, sistemas de cuidado a los infantes y adultos mayores, el acceso a activos físicos y/o financieros y la baja calificación laboral.

El informe identifica otros factores que impiden a las personas abandonar la condición de pobreza: exclusiones duras por etnia, color de piel, identidad sexual, condición de migrante y discapacidad. Estos últimos puntos, según Jesica Faieta, Subsecretaria General de Naciones Unidas y Directora Regional de PNUD para América Latina y el Caribe, ‘no se resuelven con más ingresos, requieren de políticas puntuales de cada Gobierno', dice.

Faieta dice que ‘más de lo mismo no funciona porque hay asuntos que no dependen del ingreso'.

La mayor amenaza actual que identifica el informe es la recaída de millones de hogares en situaciones de pobreza y de pobreza extrema. Si bien, han abandonado esta condición 72 millones de personas, y 94 millones han ingresado a la clase media, el 38.4% subsiste en condiciones de riesto y exclusión.

Esta vulnerabilidad se propone contrarrestar con una canasta de resilencia que permita a las personas la posibilidad de tener acceso a activos, una protección social, sistemas de cuidado y calidad de empleo. En Panamá existen entre 98 y 128 mil personas con el riesgo de caer en pobreza.

El informe registra un estancamiento en ciertos modelos de crecimiento: ‘En diez años (2003-2013) la población urbana de la región aumentó en 10 puntos pasando del 70% al 80% de la población latinoamericana. Este proceso se está estancando', se lee.

‘Cerca de 50 millones de personas se incorporaron al sector de servicios: el 80% de los empleos de la población en vulnerabilidad se encuentra en este sector', describe el documento.

En Panamá la población que se enmarca en esta categoría se compone de hombres y mujeres adultos empleados por la informalidad.

Faieta explica que ‘la región ha crecido mucho por los empleos de servicio que tienen una baja calificación laboral. Estamos proponiendo más énfasis en la calificación del empleo. Muchos de los empleados no tienen seguro de vida o de enfermedad, y eso es un retroceso a la pobreza. Si tuviera un seguro que le permita recibir un ingreso mientras se pasa la enfermedad, encontraríamos políticas mas puntuales'.

El texto señala que la participación laboral femenina aumentó de un 50% a un 66%. Sin embargo, quedan importantes brechas salariales y en uso del tiempo.

Los retos que quedan para la región son más difíciles: más costosos en lo fiscal, en lo institucional y en la calidad de las políticas públicas, respetando la sostenibilidad del medio ambiente.

El informe propone crear políticas para no perder lo ganado. Por ejemplo, describe que el cuidado de niños y adultos mayores recae en mujeres que dedican tres veces más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. Las mujeres con nivel educativo terciario reciben un salario por hora 16.4% menor que los hombres.

Sugiere el texto crear políticas antidiscriminación, de reconocimiento de derechos. En este punto hay números para reflexionar: en la región hay al menos 194 millones de indígenas y afrodescendientes que sufren de discriminación en los sistemas educativos, justicia y/o participación política, sin importar su nivel de ingresos. Además, el 27,3% de las mujeres sufre de violencia física, lo cual no depende del nivel socioeconómico. Aunado a lo anterior, el 44% de las mujeres rurales carece de ingresos propios.