Presupuesto 2026 avanza al tercer debate: estas son las reformas aprobadas y descartadas

Mañana lunes 27 de octubre se espera que el pleno de la Asamblea Nacional inicie el tercer debate del proyecto de ley 293, que establece el Presupuesto General del Estado para 2026, antes de su envío al Ejecutivo para sanción final.

Esta iniciativa fue aprobada en segundo debate el jueves 23 de octubre, con 57 votos a favor y 10 en contra.

Durante esa sesión, se avalaron modificaciones clave a los artículos 277, 298 y 367, mientras que el resto de las propuestas presentadas fueron rechazadas.

Artículo 277 – Incorporación de ingresos al Presupuesto General: Se establece que los ingresos generados por entidades públicas deben incorporarse íntegramente al Presupuesto General, evitando manejo discrecional de recursos y mejorando la trazabilidad del gasto público.

Queda prohibido usar estos fondos para planillas, contratos o alquileres sin autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), excepto para universidades, escuelas y asociaciones locales de padres de familia, docentes o comités de salud.

Además, instituciones científicas y tecnológicas deberán reportar activos y gastos al cierre de cada ejercicio fiscal.

Artículo 298 – Contratación de consultorías: Se regula la contratación de consultorías conforme a la Ley de Contrataciones Públicas, con certificación previa del MEF sobre disponibilidad de fondos. Los pagos se harán parcialmente contra informes de avance, y el desembolso final solo se autorizará tras aprobación del producto entregado.

Los gastos y resultados deben publicarse mensualmente en formato de datos abiertos, y el presupuesto anual para consultorías no podrá superar el 4% del presupuesto institucional, salvo autorización expresa del MEF.

Artículo 367 – Excepciones a procedimientos ordinarios: Se exceptúa a Metro de Panamá, IDAAN, ETESA, Tocumen S.A. y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de ciertos procedimientos de la Ley de Contrataciones Públicas en casos de urgencia notoria, cuando el monto sea inferior a $500.000.

Cada entidad deberá aprobar un reglamento especial publicado en Gaceta Oficial.

Entre las propuestas más debatidas que no prosperaron destacan:

Prohibición del uso de fondos públicos para celulares, planes de datos o servicios de comunicación de funcionarios, que podría haber generado un ahorro de $4.3 millones.

Reducción de viáticos para misiones oficiales y obligación de publicar listados detallados de viajes.

Limitar dietas de juntas directivas a $300 mensuales y obligar a que funcionarios viajen en clase económica en trayectos menores a tres horas.

Reformas más estrictas al artículo 298 propuestas por los diputados Cedeño y Brenes, incluyendo topes más bajos para consultorías, creación de un Registro Único de Consultorías y limitación de honorarios profesionales a $3.000 mensuales.

Restricciones al uso de fondos para seguros privados de salud o vida, control previo de la Contraloría y revisión de acciones de personal de superintendencias por el MEF.

Limitación de bonos de incentivo fiscal a un mes de salario base.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió el rechazo de algunas propuestas, señalando que no todos los servidores cuentan con recursos propios para cubrir gastos necesarios en el desempeño de sus funciones.