Pro y contra de un contrato

PANAMÁ. Hace cinco años, el médico César Recuero, del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, decía que cada mes llegaban diez pacientes nuevos a la salas de hemodiálisis. También decía que, si no se tomaban las medidas de prevención, las máquinas no iban a dar abasto, el espacio no iba a dar cabida a ese caudal de pacientes.

Cinco años después, nadie parece haber escuchado al médico. Todo en el Complejo es improvisado, señala el director Nacional de Prestaciones Médicas de la CSS, Javier Díaz, refiriéndose al caos de la infraestructura.

Mario Kennion, presidente de la Asociación Médica Nacional, afirma que en Panamá no hay planificación de los factores mórbidos que afectan a la población. Sin estos elementos sería imposible la planificación de la salud; sin embargo, con la insuficiencia renal, son harto conocidos los factores que causan la enfermedad y las estimaciones crecientes de futuros pacientes.

Se crea la masa de pacientes (demanda) al no implementarse un programa agresivo de prevención contra la mala alimentación, las enfermedades crónicas de riñones, diabetes, la hipertensión arterial y las enfermedades renales primarias. ‘Están lucrando a costa de nuestra enfermedad’, piensa el paciente David Ocálagan, presidente de la Fundación que lleva su nombre.

¿URGENCIA O DESCUIDO?

El 14 de octubre de 2010, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez Llorens, envía una misiva al ingeniero Héctor Ortega, presidente de la Junta Directiva y representante de los empresarios de este ente, solicitando autorización para una contratación directa a Promed por $98 millones para el suministro de insumos y medicamentos básicos, instalación de equipos y mantenimiento preventivo y correctivo y habilitación de nuevas áreas intra y extra para nuevos centros de atención de hemodiálisis.

Destacaba la carta: ‘por la importancia que reviste esta contratación para la atención de la salud a la población de los pacientes de hemodiálisis, le agradezco la celeridad que le imprima a este asunto’.

La comisión de Administración y asuntos laborales de la Junta Directiva, a cargo de Manuel Tajú, separado por la investigación del envenenamiento con dietilenglicol, recomendó la aprobación del contrato. La Junta, a su vez, resuelve aprobar la solicitud de Sáez Llorens y el contrato fue enviado a la Contraloría General de la República.

Entre los puntos ganchos del contrato, se anuncia una rebaja del 30% en el precio actual que ofrece la misma empresa desde hace tres años y medio, de 2,150 dólares por paciente mensual a 1,512 por el nuevo periodo de contratación.

Fernando Cebamanos, de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), no cree en ese ahorro que dicen los directivos de la CSS. ‘Promed pone el personal más barato, secretaria, administrador, aseadores y la CSS pone el personal costosísimo, médicos y enfermeras, para la atención de estos centros. Esto es un negocio redondo para ellos’, asegura.

El médico sostiene que la externalización está prohibida en la Ley 51 y, además, no se ha querido diseñar un plan nacional de prevención de ‘estas enfermedades prevenibles. Sólo en epidemias que surgen de la noche a la mañana se justificaría la contratación de camas en hospitales y otros servicios médicos’.

Guillermo Puga, uno de los miembros directivos en ese entonces, sostiene que este asunto tiene explicación, que ellos no aprobaron esta privatización, que el documento se revisó bien para darle una solución a los pacientes y no se discutió el periodo de cuatro años y cuatro meses en el que se compró el servicio, tampoco había muchas empresas interesadas, la Caja maneja todo lo demás...

‘COMO UNA MÁQUINA DE CAFÉ’

Javier Díaz, director Nacional de Prestaciones Médicas de la CSS, es el firmante del documento técnico que dio pie a la negociación. Explica que es como cuando tienes una máquina de café; ‘yo pago por la máquina, a la máquina el dueño le da mantenimiento, y, entonces, yo digo: por el café quiero que me pongas un techito, asiento, televisor y voy a seguir pagando el café, es lo mismo’.

‘Le planteamos que por el volumen de pacientes necesitábamos bajar un 15 a 20% del costo por paciente, empezaron las ofertas, inclusive, el Santo Tomás lo está haciendo a $1,700. Logramos bajar a $1,512 el procedimiento. Tenemos 130 máquinas, tienen que poner 120 más y nos habilitarán siete lugares más’.

Defiende la celeridad, señalando que no hubo planificación adecuada para el manejo de estos pacientes. ‘No la ha habido, si hubiera en 2008 y 2009, hubieran presupuestado instalaciones. Ya hicimos esto para el tratamiento, lo que tenemos que hacer es controlarlos’.

Un año después de ocupar esa dirección, con 6 mil dólares de salario mensual, reconoce que tiene que haber un sistema de prevención. ‘No existe, este problema tiene diez años y nadie ha instalado un sistema de prevención. Y no tomamos medidas. En 2011, tenemos un programa, tomaremos a un grupo de personas en riesgo y le vamos a dar un tratamiento. Esto evita que 20 de los pacientes ingresen a un programa de falla renal’, señaló.

Para una contratación de casi cien millones, solo 4 empresas se interesaron: dos colombianas, una nacional y otra internacional.