Procuraduría de la Nación pide a entidades del Estado involucrarse en procesos penales de corrupción

  • 01/07/2025 14:55
La petición oficial insta a que las entidades públicas se constituyan como querellantes para fortalecer la legalidad, la transparencia y la recuperación de fondos públicos en casos de corrupción.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez solicitó a la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen, a través de la nota oficial N.° DPGN-183-2025, fechada el 27 de junio, el procurador destaca que la participación activa de las entidades afectadas en calidad de querellantes fortalece el principio de legalidad, refuerza la responsabilidad institucional y mejora las posibilidades de recuperación de bienes públicos comprometidos.

“La actuación coadyuvante de las instituciones públicas resulta fundamental para garantizar la transparencia y la defensa del interés general”, señala el documento.

En su misiva, Gómez recuerda que, de acuerdo con la Ley 38 de 31 de julio de 2000 —que regula el procedimiento administrativo general—, la Procuraduría de la Administración tiene funciones de orientación y coordinación interinstitucional, lo que la faculta para emitir recomendaciones de esta naturaleza.

El procurador de la nación pidió valorar la posibilidad de emitir comunicaciones formales a las entidades estatales competentes, instándolas a ejercer su derecho legal a intervenir activamente en procesos penales cuando hayan sido agraviadas por actos de corrupción u otras afectaciones a sus funciones o recursos.

“Con base en lo anterior, y considerando que la Procuraduría de la Administración ejerce funciones deorientación y coordinación entre las instituciones del Estado, agradeceré se valore emitir las comunicaciones respectivas a las entidades públicas competentes, recomendando su intervención activa en los procesos en los que resulten agraviadas”, señala la carta dirigida a la procuradora de la administración.

Esta solicitud ocurre en un contexto en el que varios casos de alto perfil por corrupción se encuentran en etapa de investigación, y cobra relevancia por el impacto institucional y patrimonial que estas causas pueden representar para el Estado panameño.

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