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Reforma a la carrera administrativa llega a la Asamblea: conozca los puntos principales del anteproyecto

- 17/09/2025 19:25
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó este miércoles ante el pleno de la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley 21-25, que busca subrogar la Ley 9 del 20 de junio de 1994, normativa que regula la carrera administrativa en Panamá tras su aprobación en el Consejo de Gabinete.
Orillac calificó la propuesta como una reforma “esencial para el fortalecimiento del servicio civil”, resultado de seis mesas de trabajo multisectoriales que tuvieron como propósito identificar los principales desafíos que enfrenta la carrera administrativa y proponer cambios concretos a la actual ley.
El ministro recordó que el diagnóstico más reciente sobre el servicio civil en Panamá, elaborado en 2023 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reveló un “preocupante retroceso” en la gestión de recursos humanos del Estado.
El informe señaló altos niveles de discrecionalidad en las decisiones de personal, insuficiente uso del mérito como criterio de selección, debilidad institucional y fragmentación normativa.
Además, advirtió que más del 87% de los puestos de carrera administrativa no cuentan con el estatus correspondiente, lo que compromete la eficiencia y transparencia del aparato estatal.
Restablecer la figura del concurso público: este será el eje vertebral de la carrera administrativa, garantizando procesos de selección basados en mérito, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y los compromisos suscritos por Panamá, según Orillac.
Sistema integrado de gestión de recursos humanos: se implementará una plataforma que centralice y modernice los procesos de administración de personal en todas las instituciones del Estado.
Creación del Instituto Nacional de Administración Pública: se establecerá un organismo autónomo, técnico y objetivo, con independencia funcional, encargado de la rectoría del sistema de recursos humanos del país.
Profesionalización del servicio público: se busca asegurar que la permanencia de los funcionarios dependa de su mérito, desempeño y contribución efectiva al fortalecimiento institucional.
La propuesta será ahora discutida en la Asamblea, donde deberá pasar por el proceso de debate en comisiones y posteriormente en el pleno legislativo.