Renuncias y depuración de SA impactan al fisco

La renuncias de agentes residentes y la depuración de sociedades anónimas está impactando la recaudación tributaria. La Dirección General de Ingresos (DGI) promueve alivios tributarios y arreglos de pagos para revertir la tendencia de descenso que experimentan las recaudaciones de la tasa única anual de sociedades anónimas, en los últimos cuatro años.

Panamá tiene un régimen fiscal basado en el principio de territorialidad. Esto quiere decir que aquellas actividades realizadas por personas naturales o jurídicas panameñas o extranjeras, que generen ingresos en el país, estarán sometidas al pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezcan las normas fiscales panameñas.

Por otro lado, aquellas personas naturales o jurídicas panameñas o extranjeras que no ejerzan actividades que generen ingresos dentro del territorio fiscal del país, no estarán sometidas al pago de ningún impuesto, tasa o contribución, salvo en el caso de las sociedades anónimas, al que corresponde el pago de una tasa única anual de $250 al momento de su constitución. Y cada año $300 a partir del primer año de la constitución.

Las estadísticas de la dirección de ingresos, de la tasa única anual, indican que las recaudaciones se redujeron un 22% ($19,6 millones), en los últimos cuatro años. En el año 2018 recaudó $88,6 millones. Al año siguiente (2019), $68,5% millones. En 2020, $69,0 millones. Y en 2021, $69,0 millones. Mientras que las cifras preliminares de 2022 dan cuenta de una recaudación de $67,6 millones.

Publio De Gracia, director de Ingresos, explicó que se ha detectado que muchas sociedades no están cumpliendo con las obligaciones tributarias.

El Registro Público está obligado a suspender a una sociedad anónima cuando permanece sin agente residente o cuando no se haya cancelado la tasa única por un periodo de tres años.

La suspensión implica la imposibilidad para iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer de sus activos, además de la imposibilidad de hacer reclamos o ejercer algún derecho y realizar alguna actuación corporativa de la persona jurídica.

Hasta el momento hay 475.739 sociedades anónimas en estado de suspenso, un estatus en el que solamente pueden estar por dos años. Las cifras indican que la dirección de ingresos dejó de percibir al menos $142,7 millones en los últimos 24 meses..

Aunque podría ser una morosidad ficticia, porque en el caso de muchas de estas sociedades, sus accionistas y directivos no tienen interés en reactivarlas. “Es una morosidad que probablemente no se va a recuperar ...”, dijo De Gracia.

En algunas ocasiones estas sociedades se mantienen inscritas en el registro y en la dirección de ingresos, pero los propietarios se desentienden de la empresa y también de las obligaciones tributarias, que en estos casos corresponden únicamente a las personas jurídicas.

“Lo que ha hecho el país es actualizar esas sociedades”, añadió el director de ingresos.

De Gracia explicó que durante años, el país se convirtió en una fábrica de sociedades anónimas. Y reconoció que en ocasiones no se cumplían los estándares internacionales suscritos por el país. Ahora se está atravesando por un proceso decisivo, que busca “ordenar la casa” para conocer las sociedades anónimas que realmente hay en el país, quiénes son sus agentes residentes y sus beneficiarios, dijo.

Entre 2018 y 2020 la DGI impuso multas a 55.022 sociedades anónimas que no cumplieron con la tasa única anual. Con la llegada de la pandemia, el número de sociedades anónimas que incumplió, aumentó. Entre 2021 y 2022 la dirección de ingresos suspendió los derechos corporativos e impuso multas a 60.418 sociedades anónimas.

Los propietarios que quieran reabrir una empresa deben pagar una multa de rehabilitación de $1.000, adicionales a las tasas únicas que han dejado de pagar y a un recargo de $50 por cada año que no se cumplió con las obligaciones tributarias en el tiempo establecido.

En el último quinquenio, la dirección de ingresos recaudó $14,1 millones en multa y recargos, una suma que parece insignificante con relación al número de sociedades que han sido inhabilitadas .

Para mejorar la recaudación de la tasa única anual, la Dirección de Ingresos ha puesto en marcha un plan para ayudar a los contribuyentes a ponerse al día, a reactivar las empresas y sobre todo los sectores que se vieron más afectados por la pandemia. Emma Isaza, jefa de estudios tributarios, explicó que los contribuyentes pueden acogerse a arreglos y facilidades de pago establecidos en la Ley 337 del 14 de noviembre de 2022.

Isaza aseguró que con esta ley se busca mitigar incumplimientos de la tasa única anual y mejorar el cumplimiento de la misma. Estima que este año se superarán las recaudaciones de 2021. Las proyecciones indican que las recaudaciones de la tasa única podrían alcanzar entre $70 y $75 millones.

En junio de 2019, Panamá fue nuevamente incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi).

Las presiones del Gafi, un aliado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y de la Unión Europea (UE), para sacar al país de las listas discriminatorias, y supuestamente evitar el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, han obligado a las personas jurídicas a dar información de registros contables y documentación de respaldo que demuestre la licitud de la empresa, la proveniencia de fondos, la identidad de accionistas y beneficiarios finales. Y a los agentes residentes les obliga a reportar a las autoridades el cumplimiento o no de estas obligaciones so pena de multa, que iría de $5 mil hasta $100 mil.

Para evitar la responsabilidad y la multa, los agentes residentes se ven obligados a presentar la renuncia al Registro Público. Enrico Richelli, director nacional de Calificación, Registro y Certificación del Registro Público, reconoció el alto registro de renuncias de agentes residentes. Esto impacta también la actividad económica de constitución y mantenimiento de sociedades anónimas, que por años han desarrollado los agentes residentes.