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- 06/08/2015 02:00
El plan permite a los funcionarios públicos jubilados retirarse con una indemnización, cuya cuantía depende de los años de servicio
Los funcionarios que alcanzaron su edad de jubilación y aún laboren en el sector público pueden acogerse a un programa de retiro voluntario e indemnización.
La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo N° 358, del 4 de agosto de 2015, publicado en Gaceta Oficial ese mismo día y que lleva la firma del presidente de la República, Juan Carlos Varela, y del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
El Decreto N° 358 establece que los funcionarios públicos que, pasada la fecha de jubilación, han trabajado en alguna entidad estatal durante un año recibirán una indemnización de tres meses de salario.
En tanto, los funcionarios que llevan entre uno y dos años recibirán seis meses de salario, y los que tienen entre dos y tres años recibirán siete meses de emolumentos.
Aquellos que tienen entre tres y cuatro años, recibirán siete meses de salario y los que tengan entre cuatro y cinco y entre cinco y seis años laborando, tras haberse jubilado, recibirán, respectivamente, ocho y nueve meses de salario.
Este programa de retiro, establecido en el Decreto 358, es voluntario y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que aquellos que deseen acogerse a él deberán inscribirse en la oficina de recursos humanos de la entidad en la que laboren.
Las indemnizaciones están sujetas a las deducciones establecidas en la ley.
La medida contempla excepciones para los funcionarios que ocupan cargos de elección popular, miembros de la Policía Nacional y la guardia permanente del Cuerpo de Bomberos de Panamá; además de personal docente, del sector salud, del servicio exterior y los que prestan servicio de manera transitoria.
También quedan excluidos del decreto los ministros, viceministros, directores, subdirectores, jefes de departamentos y personal que ocupa cargo de mando.
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JUBILADO Y FUNCIONARIO
El programa va dirigido a los jubilados que aún trabajen para el Estado
El programa estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre.
El decreto establece ocho excepciones, entre las cuales están los funcionarios de elección popular.
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