¿Quién pagará por los platos rotos?

PANAMÁ. La historia del segundo puente sobre el Canal de Panamá es tan compleja como la vida misma.

Concebido durante la gestión de doña Mireya Moscoso, a un costo aproximado a los 90 millones de dólares, terminó costando 103, en una feria de adendas al contrato original.

La trama inicia en la gestión del arnulfista Víctor Juliao Gelonch, el segundo ministro de Obras Públicas de la administración Moscoso, cuando se producen cambios en los planos originales diseñados por el consorcio estadounidense T.Y. Lin Louis Berguer, los cuales fueron hechos finalmente por la empresa Cowi Consulting Engineering, que fue designada por la Compañía Internacional de Seguros cuando el MOP decidió rescindir el contrato de diseño con la primera, por presuntos atrasos en el cumplimiento. Hoy, conocer la opinión de Juliao Gelonch para tratar de entender qué ocurre con el Acceso Este es un problema, como lo es conocer la versión del jefe del MOP que recibió estas obras en el 2005, el perredista Carlos Vallarino.

RETROSPECTIVA

El que sí contestó fue Benjamín Colamarco, el último ministro de Obras Públicas de la administración anterior quien, ‘por ética’, prefiere no adelantar conceptos sobre los responsables del colapso de la losa conectora.

‘No te mortifiques. Alguna gente habla sandeces, prisioneros de sus prejuicios e ignorancia’, comenzó el ex ministro sus explicaciones.

‘Cabe recordar que el alineamiento de los accesos, hubo que diseñarlos con apremio en orden a la ubicación en que decidieron hacer el puente en la administración Moscoso (quien no previó la construcción de los accesos). Dichos accesos fueron construidos cuando el Lic. Carlos Vallarino era ministro del MOP’, advierte el político, quien agrega que la licitación del Acceso Este fue adjudicada a la empresa CUSA y la del Oeste a la constructora MS. ‘La inspección no la hizo el MOP, la misma fue adjudicada a la empresa privada, recayendo dicha responsabilidad en la empresa Omiconsult, S. A.’ añade.

MONEDA DE 30 CENTAVOS

Obras Públicas no solo no inspeccionó los trabajos. Sin que se encendiera las luces de alarma, cedió la responsabilidad —a través de una contratación directa— a Omniconsult, una empresa en la que destaca como uno de los principales directores el ingeniero Juan Yin, quien por esos días (época de la construcción del Centenario), representaba a la constructora T.Y. Lin, empresa que unos meses antes fue desplazada por incumplimiento del contrato original.

LA REALIDAD DE HOY

El círculo no se cierra allí. La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos el pasado sábado 11 realizó una inspección por la zona del derrumbe. Al respecto, emite un informe que dirige al presidente Ricardo Martinelli, y cuya copia es acercada a algunas salas de redacción. En él advierten que las fallas encontradas se fueron presentando en forma progresiva durante algún tiempo y agravadas por las intensas lluvias de las últimas semanas.

En su parte final, el in forme de la SPIA advierte que desde hace muchos años, ‘reclamamos reiteradamente sobre la política de realizar proyectos de concesión administrativa, sin la adecuada y firme inspección del Estado panameño’.

La inspección de la SPIA y sus reclamos de mayor participación de expertos nacionales en las grandes megaobras, no fueron del agrado del ministro Federico José Suárez, quien —como es público— pidió al gremio no inmiscuirse con información ‘fuera de lugar’.