En Venezuela hay 1,905 detenidos considerados como “presos políticos”, 38 más que la semana pasada, cuando se computaron 1.867 personas privadas de libertad...
- 31/05/2009 02:00
- 31/05/2009 02:00
PANAMÁ. El ex director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Jaime Abad, dijo que para evitar que se dé manipulación en la escena del crimen e implantación de evidencia, cuando miembros de la policía participen en un acto que se presuma sean ellos los partícipes o autores, se debe respetar el espíritu de la Ley 69 de 2007, que crea la nueva Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
Abad está convencido de que la hoy DIJ debe estar unida a la Policía Nacional, pero se necesita respetar el rango de civiles y de los inspectores. En principio, dijo, se habló de integración, pero "lo que ha sucedido es que se ha alineado y subordinado la DIJ al servicio de la Policía Nacional.
Otra cosa que se puede hacer, según Abad, es lograr que la DIJ sea un organismo autónomo como se ha hecho en otros países, en donde no tiene nada que ver ni con la Policía ni con el Ministerio Público.
Entre tanto, el también ex director de la PTJ, Oswaldo Fernández, considera que la DIJ debe salir de la esfera del Ejecutivo y entrar en el Judicial como es lo correcto. Señala que tanto la Policía como la DIJ tienen que trabajar juntos en momentos específicos, pero no una pertenecer a la otra.
Las opiniones de estos dos ex directores de la PTJ, surgen tras la propuesta de derogación de la ley que pretende presentar mañana el presidente de la Fundación de Apoyo al Detenido, Javier Justiniani, en la Asamblea Nacional de Diputados, porque considera que este organismo se ha convertido en un caos. "Es una de las peores decisiones que ha tomado el gobierno".
Para Justiniani, debe derogarse la ley, porque el mismo ente que está encargado de vigilar las calles, investiga cuando se comete un delito, formula cargos al momento en que se va a juicio y te cuida en las cárceles, "entonces no puede haber tanto poder en un solo organismo".
El asesinato de los jóvenes hermanos pescadores de Playa Leona, Dagoberto y Rigoberto Pérez, en Panamá Viejo, ha puesto sobre el tapete nuevamente el tema de la ley que eliminó la PTJ para convertirla en dos nuevos organismos de investigación criminal, uno de los cuales está adscrito a la Policía Nacional.
Resulta que luego de haberse dado el crimen de los hermanos y de haberse hecho una primera revisión en la embarcación, no se encontró nada que pudiera involucrarlos en algo ilegal, pero tras hacerse una segunda inspección se encontró un arma de fuego.
El Ministerio Público determinó que hubo manipulación en la escena del crimen e implantación de la evidencia de la Policía Nacional. Esto lo permitió por la fusión que se dio mediante la nueva ley, creada en 2007, recuérdese que antes eran dos entes independientes.
Esta situación obligó a la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, a citar al director de la Policía, Francisco Troya y al director de la DIJ, Javier Carrillo, para darles instrucciones de quiénes custodiarán las escenas cuando haya participación de la Policía Nacional en un acto que se presuma sean ellos los partícipes o autores.