Subcomisión analizará proyecto que propone límites al acceso de menores a redes sociales

El proyecto de ley N° 426, que busca establecer un sistema de protección digital integral para niños, niñas y adolescentes, dio un paso clave en la Asamblea Nacional al ser remitido a una subcomisión para su análisis técnico y legal.

La propuesta, impulsada por jóvenes universitarios mediante el mecanismo de participación ciudadana, busca regular el acceso de menores a las redes sociales y proteger su salud mental en entornos digitales.

La presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, diputada Alexandra Brenes, calificó la discusión como “polémica, pero necesaria”, y asumió además la presidencia de la subcomisión encargada de perfeccionar la redacción del texto.

El anteproyecto —presentado por estudiantes de la Universidad Santa María la Antigua (USMA)— busca crear un marco legal de responsabilidad compartida entre Estado, familias y empresas tecnológicas para salvaguardar los derechos digitales de los menores.

Uno de los proponentes, Manuel de Freitas, explicó que la iniciativa surge ante “la urgencia de proteger la salud mental de la niñez y la adolescencia”, señalando que la exposición descontrolada a las redes sociales está “impactando el desarrollo neurológico y emocional de los niños”.

La exposición de motivos del proyecto cita evidencia científica internacional que vincula el uso excesivo de redes sociales con un aumento alarmante de ansiedad, depresión, autolesiones y trastornos del sueño en menores.

Datos de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican que entre 2010 y 2020 la depresión en adolescentes se incrementó en más del 150%, y el suicidio en niñas de 10 a 14 años aumentó un 167%.

El documento enfatiza que las redes sociales son entornos altamente adictivos y difíciles de autorregular, especialmente para menores cuyo córtex prefrontal —encargado del autocontrol— no se desarrolla completamente hasta los 25 años.

Durante la presentación del proyecto, surgieron inquietudes sobre un posible intervencionismo estatal en la educación familiar.

De Freitas aclaró que la propuesta no pretende que el Estado se inmiscuya en la crianza, sino que busca dotar a los padres de herramientas de apoyo ante los riesgos crecientes del entorno digital.

El proyecto de ley 426 introduce tres pilares de acción preventiva y control parental:

Consentimiento parental verificable: toda plataforma deberá obtener autorización formal de los padres o tutores para recopilar, usar o tratar datos de menores.

Controles parentales obligatorios: las empresas tecnológicas deberán ofrecer **herramientas intuitivas y accesibles** para gestionar tiempo de uso, privacidad y contenidos.

Edad mínima de 16 años: los usuarios menores de esa edad no podrán abrir cuentas personales en redes sociales sin verificación de identidad y consentimiento familiar.

El texto también incorpora el principio de “seguridad por defecto”, exigiendo que las configuraciones iniciales de las plataformas prioricen la privacidad y la protección de los menores.

De Freitas subrayó que la aprobación del proyecto situaría a Panamá como líder regional en la protección digital infantil, al convertirse en el primer país de Centroamérica con una legislación integral de este tipo.

El marco propuesto se inspira en modelos como la Online Safety Act del Reino Unido y las directrices de la Unión Europea sobre seguridad digital, adaptadas al contexto panameño.

Para garantizar una implementación efectiva, el proyecto contempla un periodo de transición de 12 meses tras su promulgación en la Gaceta Oficial, permitiendo a empresas, instituciones y familias ajustarse gradualmente a las nuevas regulaciones.