- 09/09/2013 02:00
PANAMÁ. ¿Cuántas veces ha escuchado usted a un político hablar acerca de la inseguridad y las fórmulas para combatirla?
En Panamá resulta un tema obligado por nuestra posición geográfica donde transita la droga por el corredor norte hacia los Estados Unidos. El tópico del narcotráfico sin duda tiene una alta dosis de delincuencia, pero además de este componente, brindar seguridad a la población se complica por las diferencias propias de la sociedad que incrementan los índices de la tasa delictiva y dificultan el alcance de los gobiernos para combatirla. En resumen, con políticas adecuadas, los resultados se evidencian a largo plazo y en dosis paulatinas.
Sin embargo, para entender la brújula se debe tener algo claro; no es posible hacer una buena política de prevención si no se cuenta con buenos sistemas de información.
En el caso de Panamá quien maneja estos datos es el Sistema de Integración de Estadísticas Criminales (SIEC), es una de las fuentes principales que enmarca los índices de criminalidad en el país.
Cada año nos alerta sobre la tasa de homicidios, las edades de las víctimas que abultan las gráficas y los sitios donde estos hechos se producen.
Pero qué tanto se aprovechan estos datos en la planificación de políticas preventivas?
Dos países del continente serán parte de un estudio impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Panamá y Ecuador. La idea es conocer el funcionamiento, en el caso de Panamá con el SIEC, como parte de un sistema de información a nivel nacional inspirado en políticas de seguridad y la reciente creación del Ministerio de Seguridad.
Es un estudio de caso donde se pretende mostrar la diferencia, en cuanto a funcionalidad, en los observatorios de distintos países donde en algunos lugares los esfuerzos se implementan a través de municipios, en cambio en nuestro país se realiza a nivel nacional.
Cada año el SIEC publica un mapeo que revela los índices de homicidio; números fríos que parecieran reflejar una parte de la realidad, pues esconden la historia detrás de cada suceso.
Quien está encargado de la consultoría del BID es Gerald Martin, consultor internacional con gran experiencia en Latinoamérica, principalmente en Colombia. Martin pretende revelar qué se hace con los números que emite el SIEC; ¿quién le saca provecho?, si existe un cruce de notas entre las entidades, y qué tipo de políticas profilácticas se implementan a partir de éstos números.
Actualmente éstos números se divulgan ante los medios de comunicación como un registro de altas y bajas en la criminalidad donde se aplauden las disminuciones y se castiga el aumento en las tasas de homicidios.
Además del Ministerio de Seguridad y el SIEC son pocas las instituciones que analizan a fondo éstos datos, es decir, el cruce de datos entre el SIEC y las Alcaldías, Universidades, Ministerio de Desarrollo Social, Policía Nacional, Dirección de Migración etc, no se ejecuta en forma efectiva, más bien es lento y escaso. Y ésto tiene consecuencias, que por lo general, se notan en los aumentos de criminalidad.
Esta falta de conocimiento e intercambio de información produce una merma en las fuentes de inteligencia que podrían alertar, predecir hechos, o dar un diagnóstico de la situación en los barrios. Contar con éste tipo de confidencias es ir un paso avante al hampa, y por ende involucra una labor preventiva institucional que debe asistir esas poblaciones en riesgo.
EL PROBLEMA DEL NARCO
Las recientes cifras llaman la atención de Martin, especialmente en el tema del móvil; el 36, 4% de los crímenes corresponden al crimen organizado. El consultor conoce las limitantes de las cifras álgidas; primero que no son todos los homicidios los que a primera instancia se les ha logrado establecer un móvil. Y en segundo lugar hay un 30% de asesinatos a los que aún no se les ha logrado establecer la causa, y una vez que se obtengan éstas razones las cifras podrían variar en cuanto al tema de narcotráfico.
Es decir, podría ser que la mitad del resto de los homicidios a los que por el momento no se ha establecido un móvil (160), estén relacionados con el crimen organizado, lo que alteraría la gráfica y por ende el análisis del tema. Para Martin es muy probable que los casos de los que no se conoce el móvil correspondan al crimen organizado porque no se denuncian. Lo que sucede es que en un inicio se atribuye el hecho una causa preliminar que no se basa en el juicio de la rama judicial, más bien, es parte de la apreciación del policía en la escena del delito antes de que el caso llegue al ministerio público. Un denominador común que se presenta en los países de la ruta del narcotráfico.
Aracelly Casanova es quien ha estado al frente de este trabajo por casi dos décadas, incluso antes de que se engendrara el SIEC que dirige actualmente.
El SIEC ‘trabaja con información que le da la división de homicidios de la Dirección de Investigación Judicial DIJ. El problema es establecer una cifra que encierre los capítulos del crimen organizado pues los hechos se encuentran en investigación, sin embargo, tomamos lo que ellos nos dan como crimen organizado’ indicó Casanova.
Agrega que la apertura migratoria es una de las formas por las que llegan a nuestro país todo tipo de delincuentes, ‘hay un filtro -acepta- pero siempre se cuela algo del crimen organizado’.
Aun así para Martin todo parece indicar que hay un tema delicado en cuanto al crimen organizado con un componente grave de narcotráfico. Es impresionante la cifra, ‘me sorprendió de algún modo que reconocen que una parte tan significativa corresponde al crimen organizado lo que quiere decir que hay un problema serio del crimen organizado. Eso llama la atención, porque uno dice mira; el principal problema es el crimen organizado, aquí atribuyen el 32% a conflictos personales, robo, etc.. Entonces según esto son diferentes ministerios o instancias las que se tienen que encargar más a fondo’.
En lo que va del año se han registrado hasta el 25 de agosto, 473 homicidios unos cinco casos más que la misma fecha del año pasado. Es bastante típico que la mayoría de los asesinatos ocurran con armas de fuego y que el 92% de las víctimas sean hombres, estos datos no sorprenden a Martin. Sin embargo, lo que si le llama la atención como un signo de alarma es la población joven menor de 18 años; el 12% de las víctimas son menores; "¿que hay detrás de esto?, ¿cuántos de ellos corresponden al crimen organizado?, ¿cómo sería la tabla para ellos?, ésta información siempre se aprovecharía mas si se desmenuzara" dice.
A pesar de que el Ministerio de Seguridad intenta poner en marcha una docena de radares ubicados en bases navales que limitarían el tránsito de droga por nuestras costas y territorio, las recientes incautaciones muestran que Panamá sigue siendo un lugar atractivo para el paso de droga y armas.
La política contra el narco hasta ahora, se encasilla principalmente en decomisos de droga, algunas operaciones de inteligencia que convergen en aprehensiones y algunas capturas.
El rol del país en este tema se acentúa por ser un centro de depósito o ‘encaletamiento’ de toneladas de droga que en su mayoría son supervisadas por grupos mexicanos, más que por los colombianos como antes sucedía.
Para muestra un botón. En el centro penitenciario ‘La Joya’ se encuentran aproximadamente 500 extranjeros, de ellos casi el 90% está sindicado por delitos contra la salud pública. Las cifras infieren que el control y trasiego de estas sustancias está en manos de los productores, colombianos, o de quienes se encargan de introducirla al mercado consumidor norteño, es decir los mexicanos. Mientras, las pandillas y otros grupos de nacionales se encargan de brindar soporte y de la logística a foráneos.
No obstante las políticas preventivas en esta materia no parecen surtir efecto en los barrios rojos, donde mantenerse fuera de récord policial parece ser toda una hazaña.
