Transparencia Internacional alerta sobre saqueo sistemático y falta de rendición de cuentas

“Cuando no hay controles y no hay rendición de cuentas, no sé si se va a abusar de los fondos, es cómo y qué magnitud va a tener”, estimó Olga de Obaldía, presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), respecto a los recientes y pasados casos de irregularidades en los fondos públicos.

Para de Obaldía, aún no se tiene la suma total de lo que se pudo haber perdido en corrupción, la cual considera que va más allá del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), la descentralización y los 800 millones de dólares en préstamos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

“Parece ser una suerte de saqueo sistemático”, evaluó en una entrevista ofrecida en Telemetro Reporta, explicando que el dinero parece interceptarse y se usa para la corrupción directa o en relación con las elecciones, en respuesta a un pacto establecido entre una administración pasada que entra y una que sale.

Si bien es cierto, aclara, no se puede blindar al 100% a ningún país de la corrupción, esta se puede evitar mediante una serie de controles necesarios.

Sobre las contrataciones públicas, de Obaldía considera que no se está cumpliendo el principio original de transparencia, que exige rendir cuentas, esclarecer los principios y los motivos detrás de la toma de decisiones.

“¿Qué pasa cuando los propios licitantes se enfrentan a un tráfico de influencias, a información privilegiada de uno de los licitantes que los otros no saben?”, planteó. “Quien contrata con el Estado por arriba de los 500 mil dólares, debía revelar quiénes eran sus verdaderos dueños”, explicó, añadiendo que la medida era para fomentar un “campo de juego nivelado”.

El 8 de septiembre de 2020, entró en vigencia la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, que reformó el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, reguló la Contratación Pública y dictó otras disposiciones para mejorar la transparencia y apostar por la innovación digital.

Sin embargo, la presidente de Libertad Ciudadana señaló que, desde la administración pasada, la carpeta de contratación en línea que contenía la información de los accionistas o dueños, comenzó a estar vacía. “Tenemos una declaración del propio director [Javier Raúl Marquínez Dejud] diciendo que esto es confidencial”, expresó.

“El ocultar quiénes son los verdaderos dueños de los contratistas del Estado ha sido la receta para no poder prevenir numerosos esquemas de trampa desde el pliego, conflictos de intereses. Si no hay transparencia, no podemos prevenir”, dijo de Obaldía, estimando que las víctimas de la corrupción “somos todos”, pues se registraron 168 millones de dólares en seguro privado a consecuencia de un servicio de salud pública “defectuoso”.

Pese al panorama, de Obaldía considera que existe una oportunidad de realizar los cambios públicos, reforzar la transparencia y establecer medidas para combatir la corrupción, subrayando la necesidad de que exista la voluntad política. De lo contrario, “esta administración está destinada a ser una más de las que hemos visto en el pasado, el discurso anticorrupción se queda en discurso”.