Tribunal Superior ratifica condenas por blanqueo de capitales en caso PAN

La investigación comenzó el 13 de noviembre de 2014 y tuvo como delito precedente el de peculado en perjuicio de la desaparecida entidad que fue objeto de muchas irregularidades

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El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó este jueves 4 de junio las condenas contra un grupo de ciudadanos procesados por el delito de blanqueo de capitales relacionado con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), al rechazar recursos presentados por la defensa y ratificar en lo esencial una sentencia emitida en 2025.

Según el fallo, el tribunal declaró improcedente el recurso de apelación a Abraham Williams Gallardo, Pacífico González, Esperanza Juárez Andrade y Mónica Peralta.

También negaron el incidente de nulidad por doble juzgamiento y falta de acumulación a Williams Gallardo, González y Jonathan Guardia Andrión.

El tribunal también negó el incidente de nulidad por violación del principio de congruencia Celia Jiménez de Suárez.

Un punto importante del fallo es que se reforma la situación jurídica de Williams Gallardo y Charles Sadat Bonilla y en su defecto se les absuelve del delito de asociación ilícita para delinquir y los condenan como autores del delito de blanqueo de capitales y imponiéndoles la pena de 100 meses de prisión (ocho años y tres meses).

Además de las penas de prisión, el fallo mantiene la sanción accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período igual al de la condena principal, una vez esta sea cumplida.

Según los antecedentes judiciales, la investigación comenzó el 13 de noviembre de 2014 y tuvo como delito precedente el peculado en perjuicio del extinto PAN, entidad que fue objeto de múltiples investigaciones por el presunto manejo irregular de fondos públicos.

Las pesquisas derivaron en procesos penales por presuntas operaciones destinadas a ocultar o dar apariencia de legalidad a recursos que, según la investigación, provenían de actividades ilícitas relacionadas con el desvío de fondos estatales, indicó la Fiscalía.

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