Unachi, punto común en el caso de diplomas falsos en el Meduca

Los indiciados en la Operación Credenciales 2.0, docentes que trabajaban en el Ministerio de Educación (Meduca) y que presuntamente habrían utilizado diplomas falsos para obtener mejores puestos de trabajo, tienen un elemento en común: la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

Durante el segundo día de audiencias en el caso, la fiscal Elizabeth Carrión detalló los elementos de vinculación que ha recabado el Ministerio Público para pedir la imputación de cargos e iniciar la investigación. Entre ellos se encuentran los títulos que se introdujeron al Sistema de Administración de Recursos Humanos (Siareh) del Meduca, plataforma utilizada para llenar las vacantes en los diferentes centros educativos del país.

Carrión mencionó licenciaturas, postgrados y maestrías presuntamente de la Unachi, que al consultar a la casa de estudios superiores pudieron verificar que no son válidos. Desde licenciaturas en Español, Educación Física y Matemáticas; hasta maestrías en Contabilidad y profesorados en Segunda Enseñanza.

Los títulos tienen fechas tan recientes como 2024.

Los docentes trabajaban en distintas partes del país, incluyendo Panamá Oeste, Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé. Cobraban salarios que en su mayoría rondaban entre 1,500 dólares y 1,900 dólares.

Los títulos, presuntamente falsos, presentados habrían jugado un rol clave en la obtención de estos cargos ya que el sistema del Meduca utiliza los créditos académicos para colocar un puntaje a los docentes y de esta forma llenar vacantes. El objetivo del sistema sería premiar la formación académica, pero los presuntos diplomas falsos habrían dado una ventaja injusta a los docentes.

De acuerdo a las estimaciones compartidas por el Ministerio Público, el perjuicio económico total habría sido de $358,702 dólares. La cifra es la suma de los salarios devengados por los indiciados durante su tiempo en el Meduca, así cómo las bonificaciones salariales, vacaciones y pago del décimo tercer mes.

El período analizado va desde el 2020 hasta el 2026. El personal del Meduca puede ser nombrado con diferentes estados. Algunos son permanentes, otros interinos y también existe la modalidad Temporal Hasta Finalizar el Año (comúnmente conocido como THFA).

La información presentada por el Ministerio Público durante la audiencia muestra que los docentes fueron contratados bajo distintas modalidades a lo largo de los años. Las contrataciones más recientes son de marzo de este mismo año y hay personas que trabajaron hasta septiembre.

Además del personal docente, también enfrentan audiencia analistas dentro del Meduca que habrían sido los responsables de subir la información académica a la plataforma Siareh de la institución.

Este miércoles se legalizó la aprehensión de los 22 indiciados y se avanzó con la audiencia de imputación de cargos, terminando con la presentación de la fiscal de todos los elementos de vinculación que comunicará a cada una de las personas los cargos por los que serán investigados.

El jueves la audiencia continuará con los argumentos de los abogados defensores, que podrán pedir aclaraciones a la fiscalía antes de que la jueza Yazmín Jaén tome la decisión de aceptar la imputación de cargos.

Se espera que se imputen cargos por blanqueo de capitales, falsificación de documentos, y asociación ilícita para delinquir, entre otros.

Luego, se procederá con la audiencia para el ordenamiento de medidas cautelares. Se prevé que el Ministerio Público solicite la detención provisional para la mayoría, sino todas, las personas que resulten imputadas.

Los abogados defensores y declaraciones de los propios indiciados ya han adelantado que muchas de las personas tienen múltiples dependientes, desde hijos, hasta adultos mayores y personas con discapacidad. Durante la audiencia del miércoles, se autorizó a dos de las indiciadas a salir temporalmente para dar pecho a sus hijos en edad lactante.

La decisión final quedará en manos de la jueza Jaén.

Esta audiencia da continuidad a la Operación Credenciales 1.0, en la que se imputaron cargos a 25 personas por falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos, ejercicio ilegal de la profesión, delincuencia organizada y blanqueo de capitales.

Los imputados en esa audiencia tenían títulos de la Universidad de Cartago, una las seis universidades que en 2013 la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar, había ordenado cerrar por irregularidades.

Durante el actual gobierno Molinar fue nombrada nuevamente ministra de Educación y denunció el caso de los diplomas falsos, estimando que habían detectado más de 400 casos de distintas universidades y que las investigaciones continúaban.