Informe: urge dotar de más 'dientes' a la DIJ

En medio de las profundas diferencias que han surgido en los últimos días entre la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, y los nuevos estamentos de seguridad por la remoción de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), surgen propuestas para fortalecer este brazo auxiliar de la investigación criminal.

Deficiencias como la falta de formación del personal, carencia de equipos necesarios y poca supervisión, son señaladas como retos importantes para esta entidad de seguridad, que requieren de acciones urgentes para optimizar su función, tarea a la que parecen apuntar las nuevas autoridades policiales.

La procuradora Porcell denunció el reemplazo de unidades vinculadas directamente con el desarrollo de investigaciones sensitivas de corrupción. ‘Estoy muy preocupada porque la DIJ está desmantelando las fiscalías Anticorrupción', expresó la fiscal general del país.

No pasó mucho tiempo para que el presidente, Laurentino Cortizo, desmintiera a la fiscal general. ‘Es falso que se está desmantelando la DIJ', dijo. Cortizo agregó que los funcionarios fueron removidos porque tenían cinco años sin vacaciones. Los choques entre ambas partes son considerados como ‘graves'.

Al tiempo que esto pasaba, salió a la luz el nuevo plan de seguridad de la Policía Nacional, que busca incorporar el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) a la institución para controlar la investigación criminal. Una radiografía, realizada en colaboración de una emblemática institución policial de Latinoamérica, en marzo de 2018, promueve también cambios en la DIJ. Además, establece las debilidades y fortalezas de esta dirección policial. La propuesta planteada después de un estudio técnico y científico insta a crear un servicio de criminalística dentro de la DIJ para compensar los vacíos de personal del Imelcf.

Evolución de la DIJ

La estructura de la DIJ ha experimentado numerosos cambios antes de convertirse en una dependencia de la Policía Nacional.

En 1913, era conocida como Policía Secreta, que tenía labores exclusivas para la investigación y recolección de información. Veintiocho años después (1941) se convirtió en Policía Secreta Nacional, con funciones de contrainteligencia para prevenir atentados a las instituciones y la seguridad nacional.

Casi dos décadas después (1960) la dirección sufre otro cambio con la creación del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI), para investigar los hechos delictivos y realizar funciones de espionaje que evitarían las conspiraciones contra el régimen democrático del país.

Pero las labores del departamento se vieron opacadas por la dictadura. Así desaparece en 1989, después de la invasión de Estados Unidos a Panamá.

Con el retorno a la democracia, en 1981 se creó la Policía Técnica Judicial (PTJ), dependiente del Ministerio Público. Pero rumores de corrupción e irregularidades provocaron su absorción a la Policía Nacional. Entonces, en 2007 se eliminó la PTJ, se crea la DIJ, y para los servicios de criminalística, el Imelcf.

Nuevos planes

De acuerdo con una información exclusiva a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá , el proyecto estaría encaminado a trasladar las funciones de criminalística a la dependencia de la policía para que los detectives compensen los vacíos de personal que actualmente existen en esta rama en el Imelcf.

Los pocos recursos asignados al instituto para personal y para concretar las investigaciones judiciales han provocado que muchos casos queden en la impunidad, aseveró Severino Mejía, exviceministro de Gobierno y Justicia.

‘La DIJ está técnicamente desmantelando las fiscalías Anticorrupción',

KENIA PORCELL

PROCURADORA GENERAL

El traslado de criminalísticas a las filas de la DIJ fortalecería la investigación criminal. Esto, según los datos obtenido por este diario, permitiría tener equipos distintos que trabajen juntos: los detectives investigadores y los técnicos de criminalística. Los primeros, analizan los elementos probatorios, entrevistan e investigan. Los otros, colectan las evidencias en las que se apoya el investigador para formular la teoría del caso. La DIJ cuenta con el personal especializado para desarrollar las investigaciones criminales.

Mientras que la medicatura forense quedaría como una institución autónoma. Actualmente, las funciones de criminalística y pericia se concentran en el Imelcf. Y solo algunas funciones de investigación criminal se desarrollan en la dirección policial.

La separación de las funciones provoca una falta de coordinación en la investigación que compromete los resultados. La falta de presencia de investigadores en el lugar de los hechos impide el análisis de elementos probatorios que permiten la construcción y comprensión de la escena del crimen y la formulación de la teoría del caso, según la información obtenida.

Deficiencias

Actualmente, la DIJ cuenta con un poco más de 1,600 colaboradores, de los cuales más del 75% tiene funciones de investigación, aunque muchos no tienen el perfil mínimo requerido para investigar los casos.

La dirección tampoco cuenta con la infraestructura necesaria para comprender y analizar los fenómenos delincuenciales. Ninguna de las subdirecciones de la DIJ tiene las condiciones necesarias para atender al público ni mucho menos para trabajar en la investigación judicial de los delitos.

Otra carencia que enfrentan los detectives es la falta de equipo tecnológico para sus labores investigativas.

Un punto interesante que destaca la información a la que ha tenido acceso ‘La Decana' es la poca supervisión que también pone en riesgo el sostenimiento de la investigación judicial.

Remoción de funcionarios

El diagnóstico realizado a la dirección policial indica que la remoción de los investigadores provoca que las investigaciones criminales se marginen o se vuelvan vulnerables a la corrupción.

La DIJ está conformada por cuatro departamentos bajo el mando de la Subdirección de Investigación Judicial: operaciones, investigación criminal, servicio de apoyo, y recursos.

Denuncian a Porcell por sus declaraciones

PROCURADURÍA

Los abogados Shirley Castañedas, Jessica Canto y Kevin Moncada Luna presentaron, ayer martes, una denuncia contra la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, por los supuestos delitos de simulación de un hecho punible, contra los servidores públicos y abuso de autoridad.

La denuncia interpuesta ante la Procuraduría de la Administración está relacionada con las declaraciones de Porcell en las que acusaba a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de querer ‘desmantelar' las fiscalías Anticorrupción.

‘Hemos decidido interponer una denuncia penal (...) esto en base a las fuertes, temerarias y falsas declaraciones dadas el viernes donde la máxima fiscal dijo que el director de la DIJ les estaba desmantelando las fiscalías anticorrupción', señaló Moncada Luna.

El abogado denunció, además, sobre el hecho de que a funcionarios de la DJI se les habría impedido ‘el acceso a su lugar de trabajo'. Pidió la separación provisional de Porcell mientras avanzan las investigaciones.

‘Nosotros como ciudadanos no confiamos en que la Procuradora no vaya a utilizar su poder (...) para entorpecer o manipular la investigación que se está realizando en su contra', manifestó el abogado.