Berta Valle: 'Se ha dejado que el régimen avance sin un accionar para detenerlo o poner límites a la concentración de poder'

Berta Valle nació y vivió en Nicaragua hasta hace dos años cuando vio en peligro su vida y la de su familia a raíz de la persecución del régimen de Daniel Ortega. Ahora vive en Miami, desde donde lucha por la liberación de su esposo, Félix Madariaga, uno de los aspirantes a la Presidencia de la República que ha sido encarcelado y acusado por el gobierno de Ortega, junto con otros 36 opositores. Mientras relata la última vez que vio a su esposo antes de que la Policía 'se lo llevara', observa con nostalgia la última foto en la que aparece con su marido. Una imagen inmensa que se proyecta en la pantalla del Centro de Convenciones de Miami, Florida, Estados Unidos, frente a un público que asiste al Foro por la Libertad de Oslo. En esa cita pedimos a Valle que brinde un panorama sobre el ambiente que se vive en su país, a propósito de las próximas elecciones presidenciales programadas para el próximo 7 de noviembre. El pueblo nicaragüense espera atento la decisión que adoptará la Organización de Estados Americanos (OEA) ante los resultados de la votación. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, acusó de traidores a la patria y de otros delitos a los siete opositores de su gobierno que aspiraban a la Presidencia, entre ellos a Félix Madariaga, académico y activista político nicaragüense de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ortega quiere mantener su tercera reelección y quinto mandato presidencial desde que retornó al poder en 2007 convirtiéndose en el presidente que más tiempo ha permanecido en el poder tomando en cuenta que su primer mandato lo ejerció entre 1985 y 1990. En el escenario que vive Nicaragua, y que se repite en decenas de países del mundo, quienes se hacen al solio presidencial concentran tanto poder que cualquier fuerza con intención de derrocarlos queda prácticamente anulada. A pesar de que existen los mecanismos diplomáticos para presionar a los gobiernos a respetar la democracia, entre ellos la Carta Democrática de la OEA, promulgada para la promoción y fortalecimiento de los principios democráticos entre los Estados de las Américas, la misma aún no ha sido aplicada en este caso. La Carta busca promover la defensa de los derechos humanos, las elecciones transparentes, detener la persecución de la prensa. Sin embargo, 'se ha quedado vieja', según algunos consultados. No se ha adecuado al nuevo estilo de confrontación que han empleado los dictadores de nuestros días.

Desde el regreso de Daniel Ortega, Nicaragua comenzó un proceso de destrucción de la institucionalidad. En el primer periodo de su gobierno lo que hicieron fue reformar la Constitución política para permitir la reelección indefinida, cosa que antes estaba prohibida. Una Asamblea Nacional controlada por el partido de gobierno y sus alianzas o pactos políticos lo permitió. Así siguió Ortega en un segundo periodo en el que resulta que su esposa, Rosario Murillo, es la vicepresidenta del país. Además de eso, sus hijos ocupan cargos de rango ministerial y son quienes participan en la elaboración de las políticas públicas. Durante estos tres periodos de gobierno de Ortega hemos visto cómo se instituye no sólo una dictadura, sino una monarquía. Un sistema totalitario en el que los poderes del Estado no están manejándose de forma independiente, sino que los controla la familia presidencial y sus allegados del Frente Sandinista, el partido único de Nicaragua. En 2018, después de tantas violaciones y abusos, el pueblo nicaragüense salió a las calles por primera vez, después de 10 años, a protestar por un cambio y una transición democrática. Una de las cosas que se demandaba era una salida por la vía electoral. La manifestación, nutrida de miles de personas como nunca se había visto, tenía como símbolo la bandera azul y blanco. A partir de abril de 2018, el gobierno reaccionó de forma violenta y durante ese año las organizaciones de derechos humanos registraron que hubo más de 330 personas asesinadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, solamente por protestar.

Desde esa fecha entramos en esta crisis de derechos humanos y una crisis económica. En ese periodo la oposición de Nicaragua trataba de organizarse, el plan era presentarse este 7 de noviembre en las elecciones.

Pero lo que estamos viendo es que el régimen ha secuestrado por completo a la oposición y los candidatos presidenciales, haciendo que estas elecciones sean de un partido único, en el que la población no tenga derecho a organizarse, protestar; está inmovilizada por la opresión del régimen.

Creemos que en regímenes como estos donde no hay posibilidad de hacer un acercamiento, parece ser que la presión internacional es la única vía que nos queda. Las sanciones, siempre y cuando sean para condenar a las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, o violentado los derechos de los nicaragüenses, son medidas que se tienen para lograr una rendición de cuentas del régimen de su compromiso ante la comunidad internacional. No tengo idea con certeza si serán efectivas o no, pero la represión interna que se vive en Nicaragua llama a la comunidad internacional para que en su actuar y los acuerdos internacionales no permitan al régimen continuar en esta situación.

Para empezar, quiero decir que depende mucho de la voluntad del régimen. Son Ortega y Murillo quienes deben permitir a los nicaragüenses votar de una forma transparente, con estándares internacionales y observadores que puedan constatarlo. La transición a la democracia depende en gran medida de la voluntad del régimen. Con respecto a la comunidad internacional, creo que la experiencia nos ha demostrado que ha habido una respuesta tardía dadas las advertencias que se han hecho cuando hay una amenaza a la democracia y a la institucionalidad de nuestros países. Particularmente he reflexionado en los acuerdos del sistema interamericano. Desde hace años hemos estado advirtiendo a la Organización de Estados Americanos (OEA) de que lo que estamos viviendo podía ocurrir en Nicaragua. Sin embargo, se ha dejado que el régimen avance, sin un accionar pronto para detenerlo o poner límites a la concentración de poder que acumulaban. Creemos que este es el momento de que la comunidad internacional, entendida como los Estados miembros de la OEA, como la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá desde su influencia económica con los tratados de libre comercio, el mundo entero, que salga en defensa de la democracia. Lo que queremos ver es que haya una propuesta de manera ordenada, vinculada y multilateral para hacer entender al régimen que tiene que haber un cambio de rumbo en el país y además, que es obligación del Estado respetar los acuerdos internacionales que suscribió. El Estado de Nicaragua debe cumplir con el respeto de los derechos humanos. Ellos hablan de una injerencia internacional, pero lo que hay es una violación a los derechos humanos frente a una ciudadanía indefensa. En mi caso, el régimen me acusó de traidora a la patria por pelear por la liberación de mi esposo y del resto de los presos políticos.

La OEA ha establecido diferentes mecanismos para dar seguimiento al caso de Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado desde 2018 haciendo una gran labor en cuanto a la denuncia de la situación de derechos humanos. Por otra parte, ha habido varias resoluciones en el caso de Nicaragua en las que se ha insistido respetar el orden constitucional. Sin embargo, yo creo que se puede hacer mucho más. Llegó el momento en que el sistema interamericano ponga límites al régimen de Ortega. Particularmente la oposición ha estado pidiendo la aplicación de la Carta Democrática en el caso de Nicaragua y esto es algo que no ha avanzado, pero en lo que estamos insistiendo. Recordemos que en noviembre será la Cumbre de Cancilleres, un momento en el que preguntamos si habrá un reconocimiento del gobierno de Ortega ante los atropellos que hemos estado viendo. ¿La OEA va a legitimar el proceso electoral lleno de arbitrariedades? Esas son las cuestiones que estamos presentando en la mesa. Nos parece que en el marco de las regulaciones de la comunidad internacional se debe dar respuesta a esa pregunta y respaldar la demanda de la gran mayoría de nicaragüenses.

Viniendo de Nicaragua donde en los años 80 vivimos una guerra civil que dejó miles de muertes, y viviendo la experiencia transicional hacia la democracia como lo hicimos en los años 90, sentimos la esperanza de que algo similar puede ocurrir en tiempos modernos. Si lo hicimos antes puede pasar ahora. Por otra parte, siendo conscientes de que el pueblo no quiere más derramamiento de sangre, sino una transición pacífica hacia la democracia, el mejor mecanismo es a través de elecciones transparentes donde la gente tenga libertad verdadera para elegir a sus líderes. Dar al pueblo la posibilidad de elegir a sus candidatos y reconstruir el país para ser quienes anhelamos ser. Creo que en este contexto es la única alternativa que tenemos. Puede tomar algún tiempo, en situaciones como estas que son impredecibles, nuestro llamado es a concertar una Nicaragua libre y democrática y por eso vamos a trabajar, tengamos o no el respaldo internacional que quisiéramos. Estamos dispuestos a seguir avanzando en ese sentido.

El 8 de junio, Félix fue citado ante la fiscalía para una entrevista. Se suponía que no tardaría más de 30 minutos, sin embargo, se extendió por casi 4 horas. Al salir de ahí, Félix abordó su vehículo acompañado de su abogado y lo que este nos logró describir es que unos metros después de donde está ubicada la fiscalía, el carro fue interceptado por una patrulla policial que lo sacó a la fuerza, fue golpeado y se lo llevaron. Fue secuestrado porque no existía contra él ninguna orden de captura y desde esa fecha estuvo desaparecido por 84 días, no sabíamos cómo y dónde estaba. No teníamos ningún tipo de información, temíamos por su vida. Fue el 31 de agosto, hace 3 meses, que su hermana logró verlo por 20 minutos. En esa visita nos dimos cuenta de que ellos están siendo torturados física y psicológicamente, en el sentido de que Félix ha perdido más de 25 libras y otros presos han perdido más de 30 libras en tan solo meses. Hemos escuchado cómo son tratados en la cárcel. Félix pasó aislado de cualquier contacto o persona durante 2 meses; las luces de la celda están encendidas 24/7; no les permiten luz solar sino más que 10 minutos a la semana; están sometidos a constantes interrogatorios varias veces al día. Vemos una presión para quebrantarlos. Además, su hermana nos comentaba que a los familiares los tratan de forma indigna en las visitas, les toman fotografías, no hay privacidad, no pueden hablar con libertad, no les pueden llevar alimentos. Desde ese día, 31 de agosto hasta la fecha, no hemos vuelto a saber de ellos. Están incomunicados. Básicamente no tenemos prueba de vida. Nosotros desde el exilio estamos exigiendo al régimen que cumpla con los derechos humanos de los presos.

Es importante que la gente sepa por qué hablamos de un secuestro de la oposición. Hay 37 personas en esta tercera ola represiva que fueron encarceladas, pero en total hay más de 140 personas presas políticas, arrestadas por el régimen entre 2018 y ahora. De estas 37 personas que forman parte del liderazgo de oposición, hay siete precandidatos presidenciales, pero también hay personas de negocios, periodistas, estudiantes, campesinos, feministas. Pero también hay otros precandidatos presidenciales que tienen casa por cárcel. Tal es el caso de Cristina Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, y otros. En el caso de ellos, a pesar de estar aislados, están en sus casas. Pero los que están en el Chicote, son quienes realmente están viviendo la peor tortura. Particularmente quiero contarles lo que está pasando con las mujeres. Las mujeres Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Dora María Téllez, quien además es una conocida exguerrillera sandinista, María Violeta Granera, Zulian Barahona, ellas han pasado por un proceso de represión, incomunicadas por tres meses. La pérdida de peso de ellas fue tan severa que, por ejemplo, Ana Margarita Vigil ni siquiera podía sostener sus lentes, tal como lo describió su madre. Por otra parte, Tamara Dávila, quien tiene una hija de cinco años, ha sido torturada psicológicamente al punto de que el régimen le ha señalado su mala maternidad por haber participado en la oposición. Imagine usted a una mujer que tiene tres meses de estar aislada completamente y que además le digan que por su culpa su hija está sola, que no la va a volver a ver por participar en la oposición. Así es el cinismo.

En mi caso fue una decisión familiar. Comprendemos muy bien el compromiso que Félix ha tenido con la oposición de Nicaragua y conociendo los riesgos que implicaba, en 2018 decidimos que era mejor venir al exilio junto con su mamá y nuestra pequeña que ahora tiene ocho años para resguardar nuestra seguridad. Félix fue golpeado muy mal en 2018 en la ciudad de León, lo que lo llevó al hospital. La indicación que le dieron fue salir del país porque de lo contrario habría consecuencias graves para su familia. Así que decidimos que por razones de seguridad era mejor salir. En este momento la única forma de hacer resistencia y denuncia es estando fuera, porque cualquier persona que esté en Nicaragua puede ser encarcelada o amenazada. A mí esto me ha dado la oportunidad de poder acceder a Washington para hablar con diferentes organismos de derechos humanos y contarles lo que está pasando en el país porque estoy radicada en Estados Unidos. Pero esta es una situación bien difícil como familia. El hecho de tener que salir al exilio y dejar tu vida en Nicaragua, a mi esposo en las circunstancias en que está pasando, es muy difícil.

Siempre está ese riesgo. Conociendo los antecedentes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sabemos que cualquier cosa puede pasar y por eso nuestro llamado de urgencia a la comunidad internacional para que vele por los presos políticos porque es su vida la que está en peligro. Imagínate el nivel de desnutrición en el que están, que hay presos que no pueden caminar por sí mismos, los tienen que cargar. Además de eso, algunos sufren de enfermedades preexistentes, estamos en medio de una pandemia que ha sido muy mal manejada. Quién nos garantiza a nosotros que nuestros familiares en esa celda no vayan a adquirir covid-19 y luego den esa excusa para notificar de su muerte. Es una forma perversa como los regímenes trabajan, la vida de ellos está en riesgo todos los días.

La lucha desde el exilio por liberar a un pueblo

Nombre completo: Berta Valle

Resumen de su carrera: Presentadora de televisión nicaragüense y activista de derechos humanos. Es esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, quien fue detenido por el gobierno de Daniel Ortega el 8 de junio de 2021. Licenciada en economía empresarial de la Universidad Católica de Nicaragua y un MBA de INCAE Business School en Managua. En 2016, Valle fue nominada como independiente para representar a Managua en la Asamblea Nacional por el Partido Liberal Independiente como parte de su Coalición Nacional por la Democracia. Fue la primera candidata incluida en la lista electoral del partido, pero la Corte Suprema de Nicaragua, controlada por leales a Ortega, descalificó a la coalición electoral del partido y se impidió que Valle se postulara. Desde 2019 dirige Voces en Libertad, una organización sin fines de lucro que promueve la cooperación entre miembros de los medios independientes de Nicaragua que huyeron del país luego de la crisis sociopolítica de 2018. El 8 de junio de 2021, su esposo Félix Maradiaga formó parte de una ola de arrestos de precandidatos opositores a la presidencia en las elecciones generales nicaragüenses de 2021. Valle ha coordinado equipos de defensa que lo apoyan dentro y fuera de Nicaragua. El 27 de julio de 2021, el Ministerio Público de Nicaragua y la Policía Nacional de Nicaragua anunciaron una investigación de Valle bajo la controvertida Ley 1055, acusándola de ser una “traidora a la patria”, con base en su incidencia internacional para presionar para liberar al detenido marido. Igualmente acusada fue Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, otro candidato detenido.