‘Estamos a tiempo de un golpe de timón: el ejemplo de transparencia debe venir del Ejecutivo’

Negativas al acceso a la información de proyectos con fondos públicos, restricciones a conocer los beneficiarios finales de licitaciones millonarias y lo que parece ser un patrón de no atender peticiones y cuestionarios de medios de comunicación es una práctica actual.

No se trata de un asunto a la ligera, sino un retroceso, analiza Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.

El acceso a la información es un derecho humano y reconocido así por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del cual dependen otros como la participación ciudadana, la libre prensa, garantía para una democracia. En una región donde se están dando retrocesos reales.

Hay avances en algunas cosas y retrocesos en otras. Sería negligente no mencionar cómo dejó la administración pasada la rendición de cuentas cuando tuvimos un retroceso con las autoridades de control, llamadas a hacer un contrapeso. Hemos mejorado con la declaración de inconstitucionalidad de la ley cambió la norma orgánica de la contraloría que le otorgaba poderes discrecionales de decidir qué investigaba y algunos indicios positivos en esta administración. Ahora estamos teniendo una situación que creo que todavía tenemos la oportunidad hacer el cambio y entender de forma transversal que el acceso a la información pública es parte intrínseca de la libertad de expresión, no solamente la ciudadanía tiene el derecho a la información que es pública, nada de eso se da si tienes una cultura de opacidad en el estado.

No completa cultura de opacidad, pero sí que hay múltiples casos que se están dando en distintas ramas, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. En los cuales se pareciera que se está negando información que es de naturaleza pública, las propias peticiones que La Estrella de Panamá ha hecho.

La característica esencial de la información pública es que quien la pide no tiene que justificar para qué la está pidiendo ni por qué. La información de la gestión pública es de los ciudadanos, es la construcción ideológica de la democracia de nuestra República. Lo segundo, no es una dádiva del Estado, no es una gentileza, no es un favor que te van a hacer. Es un deber transparentarla y entregarla en formatos comprensibles para el peticionario.

Para eso están los desacatos, desde la Fundación hemos hecho múltiples pedidos de información. A partir de la Ley de Protección de Datos hemos visto una falsa tensión entre la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) y qué es información pública, tensión que nunca debió existir.

No si no había declarado de antemano el acceso restringido. En realidad nos podemos quedar en la parte técnica y no subir a lo más importante: la cultura de transparencia en la administración pública.

Ha sido muy difícil lograr ese avance. El Estado siempre ha actuado con un con un criterio cerrado de celo, de pretender que la información es de ellos. Te pongo un ejemplo, el tema de quiénes son los verdaderos dueños de una sociedad licitante.

Que es imposible el control social de los otros licitantes de saber si es justa la licitación, si hay relaciones de negocios, si hay relaciones familiares, si hay manejo de información privilegiada, o haber capturado al ente que toma la decisión manejando información privilegiado. Este nuevo criterio de la de la de la DGCP pareciera tener una falsa tensión en los argumentos acerca de la privacidad y la integridad de la persona jurídica licitante versus el derecho de la ciudadanía a conocer quiénes son los que licitan y van a recibir los grandes fondos del Estado.

Es parte de ese entramado que Panamá brinda tan fácilmente para ocultar quiénes son los verdaderos dueños de las empresas. Nosotros tenemos todavía en nuestra normativa una serie de estructuras que son legales, pero que habilitan cuadros que puedan generar acciones de corrupción y que también las usa el narcotráfico, La capacidad que hay en Panamá de crear personas jurídicas que pueden crear capas sobre capas, las muñecas rusas y la figura del testaferro. Es decir, los directores pagados que en realidad los está proveyendo una firma de abogados.

Por eso la publicación es indispensable y es la mismo principio que debemos aplicar a las declaraciones de acceso patrimoniales y a las declaraciones de intereses, porque una sola entidad no va a poder hacer esa verificación.

Sí y no solo ahí, el tema es que usualmente una nueva admimnistración hay un retroceso, a los funcionarios nuevos les cuesta entender el principio de transparencia. Es alarmante la cantidad de casos de acceso a la información que están siendo negados pero estamos a tiempo de un golpe de timón, el ejemplo de transparencia debe venir del Ejecutivo.

Que las entidades no estén dando información en temas muy sensitivos como el ferrocarril y todo lo que tenga que ver con el manejo ambiental.

Hay un fraccionamiento del entendimiento en esos roles. Vemos ese encuentro entre un Ejecutivo y políticos de la era de la democracia participativa de quien se cree que no tengo que rendir cuentas porque me gané el puesto y un ciudadano con un consultar constante.

Panamá en la medición del Estado de derecho o Wolrd Justice Proyect recibe una calificación de 33/100, de llevar y juzgar casos de corrupción del crimen organizado. Vamos a ver actos de corrupción que califican como crimen organizado.

La recuperación de lo robado y que Panamá llegue al resarcimiento de las víctimas es un punto importante. Venimos pensando que la corrupción no tiene víctimas pero somos todos por cada escuela que no tuvo el dinero, hospitales y carreteras. En los sistemas de justicia donde ha habido avances de resarcimiento de las víctimas se aprecian las entidades que deben actuar con independencia, aún estamos lejos de eso.