El Gobierno pasará en 2018 el cobro del impuesto de inmuebles a los municipios

El Ejecutivo negocia con los gobiernos locales la manera en que les transferirá la responsabilidad de recaudar sus respectivos impuestos sobre bienes inmuebles como parte del proceso de descentralización del país.

La Asociación de Municipios (Amupa) ha asegurado que el Gobierno Central —a través de la DGI— sólo cobrará este gravamen hasta 2017, y que a partir de 2018 la tarea será de competencia exclusiva de los municipios.

El impuesto pondría en manos de los gobiernos locales $200 millones, según las proyecciones de los alcaldes, dinero que, de acuerdo con la Amupa, sólo podrá ser utilizado para proyectos de inversión.

La labor es titánica, tomando en cuenta que el impuesto de inmuebles es uno de los más deficitarios del sistema de recaudación local.

En 2013, por ejemplo, se recaudó apenas el equivalente al 0.3% del Producto Interno Bruto, cuando el estándar mundial está en el 1%.

La transición ocurrirá en tiempos en que el fisco ha dejado de percibir impuestos directos por, según los expertos, la sobrevaloración que hizo el gobierno con respecto al crecimiento del PIB nominal.

De todos modos, de cara a la entrada en vigencia de la Ley 37, que ordena la descentralización municipal en todo el país, el Ejecutivo y los municipios discuten de qué manera deben afinar el proceso de transición.

Jorge Herrera, líder de la Amupa y alcalde de Aguadulce, asegura que en la mesa se ha acordado que el impuesto de bien inmueble no se repartirá según lo que genere cada municipalidad, sino que primarán normas de ‘solidaridad'.

Así, Panamá, que recauda el 40% del gravamen, colaboraría con comunas pobres, como la de Tonosí o la de Renacimiento.

En la mesa de discusión sobre las reformas a la Ley 37 también se contempla nuevos métodos para definir cómo invertir el dinero que pasará a las arcas locales. ‘Se necesita participación ciudadana, que la escogencia de los proyectos sea por consenso', reseña Herrera.

Los alcaldes también han pedido a la Contraloría nombrar auditores para cada junta comunal del país (648) que apliquen controles previos a las contrataciones.

Además del impuesto de bienes inmuebles, los gobiernos locales percibirán los fondos del Pronadel, que se reparte equitativamente. Este año, por ejemplo, son $100 millones.

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CALENDARIO

Los alcaldes esperan que las reformas a la Ley 37 estén listas en octubre.

El Ejecutivo y la Amupa se reunirán los días 22 y 29 de julio, y el 5 de agosto.

El 7 de agosto las juntas comunales serán puestas al tanto de las negociaciones.