La experiencia electoral del 7 mayo del año 1989

PANAMÁ. El 7 de mayo de 1989 en Panamá se verificaron elecciones generales directas en todo el país, con la pretensión de renovar la dirección política del Estado.

Comicios en los que al tenor de la Constitución Política vigente, y de acuerdo con los esquemas demo-liberales de las modernas repúblicas capitalistas, se patentizaría la ‘libre voluntad del pueblo’.

Desde muy tempranas horas se dio inicio al proceso electoral y, como se esperaba, miles de panameños de todo el país se volcaron a las urnas para depositar las papeletas que en apariencia expresaban su libre voluntad.

Decimos que en apariencia expresaban su libre voluntad, por cuanto que, y como veremos más adelante, aquella que se pretendía una disposición unilateral, libre y espontánea; o bien la que se recita en los manuales sobre la democracia, como la manifestación del querer del pueblo inspirado en su libre albedrío, en el propio proceso de votación y, más aún, en el cúmulo de hechos políticos que le precedieron, venía ya fuertemente determinada o influida por factores diversos.

Venía predeterminada esa voluntad, por el trauma político, económico y social vivido durante los últimos años, muchos más que los 24 meses inmediatamente anteriores al 7 de mayo de 1989, aunque ciertamente estos últimos juegan un papel detonante por su inmediatez e intensidad.

CONTEO DE VOTOS

De este modo, al concluir la jornada, y luego de cerradas las urnas, se da inicio a la segunda fase de un proceso que tendría como corolario la declaratoria de nulidad de las elecciones. El conteo de votos y recuento de actas se convirtió en el momento en que los sujetos principales en conflicto ejercitarían todos los medios y recursos necesarios para imponer, más que la voluntad del pueblo, sus respectivos proyectos políticos, sus intereses.

El pueblo ‘libre’ al que se decía representar pasó a convertirse en botín político. Tanto la Alianza Democrática de Oposición Civilista como la Coalición de Liberación Nacional desencadenaron la guerra de cifras, para atribuirse unos y otros el triunfo electoral. Cada bloque con los recursos de que disponía: La ADO-Civilista apoyada abiertamente en los millonarios recursos de la principal potencia mundial, que al efecto del recuento de actas difundía a través de los medios del Comando y Ejército Sur de Estados Unidos de América acantonado en nuestro país, cifras que, como era de esperar, le acreditaban un triunfo arrollador.

Por su parte, la COLINA, con la totalidad del aparato gubernamental a su disposición y el control sobre los principales medios de información del país daba cifras que le acreditaban una importante ventaja en los sufragios computados.

No obstante, y como quiera que la esencia de la contradicción ventilada ilusamente mediante sufragio no es del tipo que habría de resolverse simple y llanamente por tales medios; con la agudización de las tensiones y el ascenso de la calidad de los enfrentamientos en los días subsiguientes al 7 de mayo y desde esa misma noche, el Tribunal Electoral declaró anuladas en forma total y absoluta las elecciones verificadas, argumentando la falta de actas y los múltiples vicios que afectaron el normal y pacífico desenvolvimiento del proceso de recuento de éstas en distintos puntos del país.

LOS BANDOS POLÍTICOS

Era previsible que con las elecciones propuestas y llevadas a su verificación, no se cumpliera lo que ambos contendientes principales enunciaban, esto era, el traspaso del poder político del Estado a quien resultara legítimamente vencedor. Primero, por la legitimidad del ‘vencedor’ era seriamente cuestionable, en tanto que mediaron un número apreciable de irregularidades y violaciones a la libertad. Abundaron sobornos, manipulación de diversa índole, chantaje clientelismo e intimidación de quienes decían encarnar a las mayorías; así como grosero intervencionismo y presiones de parte del gobierno de los Estados Unidos de América. En fin, había un exceso tal de recursos no electorales por lo demás contrarios al espíritu y sentido de los comicios, que sin duda, malamente se podría presumir legítimo algún triunfo en tales circunstancias.

En segundo lugar, repetimos, más allá de lo aparente de lo confesado, por lo menos por el bloque de la oposición, en las elecciones del 7 de mayo se enfrentaron en lo sustancial, dos proyectos, ninguno de los cuales fue capaz de sintetizar fiel y plenamente la voluntad popular. Y aquí nos referimos a esa voluntad popular que avanza en el sentido histórico de la lucha social panameña y que no se reduce ni a las inmediateces de un discurso democrático hueco y manipulante, ni se conforma con una propuesta de liberación acrítica, y excluyente de la participación consciente e independiente de los sectores populares; y lo que es peor, con frecuencia de espaldas a sus legítimas reivindicaciones democráticas, como parte del propio proceso liberador.

De modo que aunque apreciamos que fueron dos proyectos los que sustancialmente se opusieron en la contienda eleccionaria, hubo un tercero que más que como proyecto definido, estuvo presente como necesidad. Este es el proyecto independiente patriótico y democrático popular.

CIRCUNSTANCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DEL PROCESO ELECTORAL DE 1989

Sería sin duda un error metodológico examinar el desiderátum electoral del siete de mayo, en abstracción del marco social y circunstancial en que acaecieron los sucesos, toda vez que estos no fueron si no la desembocadura coyuntural de un proceso mucho más complejo y extendido.

En un esfuerzo de rigor analítico, se impone entonces valorar los hechos que conforman la realidad panameña, por lo menos durante los agitados e inquietantes veinticuatro meses precedentes.

A partir de junio de 1987, detonó en Panamá lo que algunos califican como la fase más severa de la crisis del período, desencadenándose un sinnúmero de hechos que llevaron a la sociedad a nuevos niveles de enfrentamiento.

La fractura política del bloque dominante se precisa con mayor nitidez en los dos proyectos políticos de mayor beligerancia en la confrontación: El proyecto impulsado por el llamado civilismo en cuyo contenido observamos una clara y casi absoluta dependencia de los propósitos e intereses estadounidenses en Panamá. Sin autonomía de análisis ni de acción, y complacientes con la potencia norteña, al extremo de violentar la esencia misma del estado Nacional panameño: la soberanía. Estamos aquí ante un proyecto desnacionalizador y plegado incondicionalmente al imperio.

Como contrapunto aparece el proyecto de modernización y perfeccionamiento del Estado Nacional, que apoyado en los pactos canaleros de 1977, se resiste a las múltiples presiones y maniobras de subordinación ejercidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, como política del establishment; aunque habría que precisar que en sí mismo, el proyecto aparece confuso básicamente por el conjunto de contradicciones que en el confluyen, sumado al desprestigio social de sus principales impulsores en la coyuntura .

Por su parte, el movimiento popular, aparece demasiado disperso y debilitado por la vinculación insuficientemente rota con el reformismo, y aun cuando de hecho conforma un proyecto propio, no es capaz de presentarse independiente y establecer entre sí la coordinación mínima requerida para enarbolarlo con fuerza y eficacia.

No obstante las pretensiones políticas de las vanguardias de cada sector en la sociedad civil, hacia el 7 de mayo de 1989, se entrecruzan varios juegos de contradicciones: la contradicción oposición-gobierno, la contradicción nación imperio, y la contradicción de clase pueblo-sistema capitalista dependiente, Sistema que en este tramo histórico (1968-1989) es administrado por el ‘reformismo burgués’.

PANORAMA ELECTORAL

Así, los comicios de mayo pasado, se desenvuelven en el siguiente cuadro político-social:

a. Desgaste y descomposición del reformismo; b. Crisis del modelo económico (de arrastre) agudizado por las políticas fondomonetaristas; c. Desprestigio y aislamiento social interno del régimen. Crisis de legitimidad como consecuencia de lo anterior, sumado a la corrupción; d. Aislamiento internacional entre los países del continente y con algún alcance más global. Inducido por los Estados Unidos de América; e. Creciente hostigamiento e intervencionismo de los Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá; f. Severas sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos contra Panamá; g. Intimidación internacional y amenazas de agresión militar por parte de los Estados Unidos, h. Situación de ‘guerra de baja intensidad’ desplegada contra Panamá.

No es nuestra intención subestimar el incuestionable efecto que tuvo en el panameño común, y sobre todo en vastos sectores de capas medias, el trabajo sistemático de deslegitimación de cualquier alternativa contraria o distinta de la propuesta oposicionista. Menos aún pretendemos minimizar el impacto psicológico (y por supuesto también material) que ejerció en la población, la desestabilización económica producto de las sanciones e ilegales retenciones de fondos panameños por parte del gobierno estadounidense.

En efecto, la guerra de baja intensidad que se inició desde mucho más tiempo del estimado por los propios analistas del régimen, comenzando por el trabajo ideológico a la población las campañas cívicas y morales de destrucción de imágenes de dirigentes políticos, y logro dominar las conciencias y en consecuencia, la voluntad de buena parte de la población, se elevó ya para finales de 1987 e inicios de 1988, a formas directas de confrontación, con el cálculo y casi convicción de que en breve lapso se producirían los resultados pretendidos.

En tal sentido. y siendo coherente con lo anterior, habría que anotar que la cuestión de fondo de los autores y estrategas de la llamada guerra de baja intensidad consistía en producir cambios esenciales en la administración estatal, incluidas las Fuerzas de Defensa, de naturaleza tal que en el marco de una nueva correlación política, se facilitara la renegociación de un nuevo estatuto de bases militares norteamericanas en Panamá, como pieza esencial de los planes estratégicos regionales y subregionales de los Estados Unidos de América.

Hecho el recuento y establecidos los propósitos que subyacen en el proceso político que vive la nación, habría que concluir que en el proceso de estructuración de la voluntad y la conciencia de los sectores populares, hacia las justas electorales del 7 de mayo pasado, se combinaron tanto factores internos que pudieran calificarse o valorarse como legítimos, como factores que desde fuera ejercieron una función de sobredeterminación y precondicionamiento social.