Asamblea aprueba en primer debate endurecer penas por retención de cuotas

El proyecto de ley 187, que busca reformar el Código Penal para endurecer las penas por la retención indebida de cuotas obrero patronales a la Caja de Seguro Social (CSS), fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

La iniciativa, presentada por la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, pretende cerrar los vacíos legales que permiten a empleadores del sector público y privado retener los aportes de los trabajadores sin remitirlos a la CSS, afectando derechos como la salud y la jubilación.

El delito de retención indebida está regulado en el artículo 241 del Código Penal, pero su redacción actual y el plazo de tres meses para que se configure el delito han dificultado la acción penal. Durante el debate, se reveló que más de 20,000 empleadores mantienen morosidad con la CSS, entre ellos 128 instituciones estatales. S deuda 20.3 millones de dólares, mientras que municipios y juntas comunales deben otros 16 millones.

“El proyecto busca poner el mismo cascabel a las instituciones públicas. No podemos permitir que se retengan cuotas sin entregarlas a la Caja”, expresó Brenes.

El proyecto de ley 187 establecía penas de tres a cinco años de prisión para quien, después de tres meses de vencida la obligación, retuviera y no remitiera cuotas s uperiores a mil dólares. Sin embargo, durante la discusión se introdujeron cambios importantes. Entre ellos, se agregaron agravantes por monto (la pena aumentará a cuatro a seis años si la retención supera los 100,000 dólares), protección a la maternidad (igual sanción cuando se retengan cuotas de trabajadoras con fuero maternal) y responsabilidad del sector público (castigo para funcionarios que, teniendo los fondos, decidan no remitirlos a la CSS). También se estableció un aumento de sanción de hasta una tercera parte para quienes ordenen la retención.

La CSS apoyó la propuesta, pero pidió reducir el plazo de tres meses a un mes, argumentando que muchas empresas temporales desaparecen antes de cumplir el trimestre, dejando cuotas impagas. Anel Carrasquilla, de la dirección legal de la CSS, señaló que las penas actuales (de dos a cuatro años) permiten acuerdos judiciales con multas mínimas que “resultan ofensivas para los trabajadores”. La institución propuso tipificar expresamente a los responsables —directores, gerentes, contadores, tesoreros y administradores— y mantener penas de tres a cinco años, con agravantes por fuero maternal o por ordenar la retención.

La CSS ha presentado más de 700 querellas penales por este tipo de delitos, con una morosidad acumulada superior a los 18 millones de dólares.

La Procuraduría General de la Nación también participó en el debate. El fiscal Barrios advirtió que el artículo 241 contiene dos conductas distintas —no remitir cuotas y no afiliar al trabajador—, lo que podría generar confusión, y recomendó revisar la estructura del tipo penal. El procurador Luis Carlos Manuel Gómez Rudy consideró que el aumento de penas podría mejorar la recaudación, aunque advirtió que no siempre la vía punitiva es la más efectiva. Sobre la inclusión del sector público, opinó que la medida es innecesaria, ya que los funcionarios están sujetos a otros delitos contra la administración pública.