Asamblea se aprueba $26.6 millones para planilla y ciberseguridad

La discusión del traslado de partida por $26.6 millones para la Asamblea Nacional terminó convertida en un intenso choque político entre diputados oficialistas, independientes y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en medio de cuestionamientos por el verdadero tamaño del presupuesto legislativo, la permanencia de funcionarios y el manejo interno de los recursos públicos.

Durante varias horas, la Comisión de Presupuesto se convirtió en escenario de una confrontación marcada por acusaciones de opacidad, críticas a la administración legislativa y defensas encendidas sobre la estabilidad laboral de más de 3 mil funcionarios permanentes.

El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, defendió la solicitud alegando que los recursos eran necesarios para evitar una crisis operativa y financiera dentro del Legislativo.

Según explicó, los fondos se distribuirían principalmente en tres áreas: $20.1 millones para cubrir salarios de 3,221 funcionarios permanentes hasta diciembre; $5.7 millones para inversión tecnológica debido al deterioro crítico de servidores, redes y sistemas de ciberseguridad; y cerca de $700 mil para servicios básicos como electricidad, agua, aseo y telecomunicaciones.

Herrera sostuvo que cuando asumió la presidencia recibió una Asamblea con 3,104 funcionarios permanentes y entre 1,500 y 1,600 trabajadores transitorios. Indicó que actualmente existen 3,221 permanentes y 1,137 transitorios, mientras que durante su administración 117 personas pasaron a la categoría permanente.

El diputado panameñista insistió en que la institución recibió un recorte presupuestario que dejó al Legislativo inicialmente con $98.7 millones, cifra que —según dijo— resultaba insuficiente para cubrir sus obligaciones anuales.

“Esto no lo pedí ahora. Este recurso lo venía solicitando hace meses para que el personal fijo tuviera anualizado su salario”, expresó Herrera ante la comisión.

El debate subió de tono cuando la diputada Janine Prado cuestionó directamente las cifras presentadas por la Asamblea y aseguró que existían inconsistencias en el manejo presupuestario.

Prado rechazó que se utilizara el argumento del posible impago salarial como mecanismo de presión política para aprobar el traslado.

“Aquí están queriendo justificar que si yo voto en contra o si no se aprueba este traslado de partida, al personal permanente no se le va a pagar”, afirmó.

La diputada sostuvo que el presupuesto modificado de la Asamblea al 30 de junio de 2025 era de $107.8 millones, cifra que —según dijo— era inferior al presupuesto actual, por lo que cuestionó por qué ahora existían problemas de liquidez.

“Si con ese presupuesto había plata para pagar, ¿por qué hoy no hay plata para pagar?”, lanzó.

Prado también puso sobre la mesa un tema que encendió aún más la discusión: el verdadero monto del presupuesto legislativo.

Mientras la Asamblea sostenía que el presupuesto rondaba los $111 millones, el director de Presupuesto del MEF, Aurelio Mejía, aclaró que a la fecha el monto ascendía a $115.3 millones, cifra que generó un nuevo cruce dentro de la comisión.

La diputada advirtió que, si se aprobaban los $26.6 millones solicitados, el presupuesto legislativo terminaría elevándose a $141.8 millones.

“Entonces mi pregunta es directa: ¿por qué mecanismo se aprobaron esos recursos adicionales que no pasaron por esta comisión?”, cuestionó.

La legisladora insistió en que existían movimientos presupuestarios que no habían sido explicados con claridad y criticó que, pese a sus solicitudes, no recibiera de inmediato la documentación detallada.

“Parece que sacar una copia es demasiado complicado en la Asamblea Nacional”, ironizó.

Prado también señaló que dentro del traslado existían partidas sensibles como combustible, pagos pendientes a la Caja de Seguro Social y otros compromisos que, según ella, podrían requerir nuevas solicitudes en el futuro.

Incluso mencionó información interna sobre tarjetas de combustible supuestamente sin límite asignadas dentro de la Asamblea, tema que pidió aclarar públicamente.

La respuesta del oficialismo llegó de la mano del diputado Rafael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien salió en defensa del traslado y acusó a algunos sectores de convertir el debate presupuestario en un ataque político contra la Asamblea.

Buchanan aseguró que el verdadero problema no era el salario de los diputados, sino el riesgo que enfrentaban cientos de trabajadores permanentes.

“Ni usted ni yo nos vamos a ver afectados si este traslado no se aprueba. Los afectados son los funcionarios que no saben si van a cobrar”, sostuvo.

El diputado también cuestionó el discurso de quienes denuncian supuestas “botellas” dentro del Legislativo y defendió la labor de funcionarios administrativos y técnicos.