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- 07/08/2026 00:00
La reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea genera cuestionamientos por el artículo que equipara la presencia en la curul con actividades en los circuitos electorales. Transparencia Internacional Panamá advierte que la medida podría alterar la función legislativa y abrir un debate constitucional
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Agrega La Estrella en Google ↗️La modificación al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional que permitiría contabilizar como asistencia las actividades oficiales de los diputados dentro de sus circuitos electorales abrió un nuevo frente de cuestionamientos.
El artículo 23 del proyecto de ley 594 establece que, para efectos del registro de asistencia, la Secretaría General tomará en cuenta tanto la presencia del diputado en su curul como su participación en actividades oficiales propias de sus funciones dentro del circuito que representa.
La propuesta, defendida por algunos diputados como un reconocimiento al trabajo territorial, es cuestionada por sectores que consideran que puede cambiar la naturaleza de la asistencia legislativa y permitir que actividades fuera del pleno sean utilizadas para justificar ausencias.
A la discusión se sumó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, que expresó su preocupación por los cambios aprobados en segundo debate al Reglamento Orgánico del Régimen Interno.
La organización, que ha evaluado la transparencia legislativa de la Asamblea Nacional mediante mediciones del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa desde 2016, advirtió que las modificaciones en los artículos 23 y 32 representan un riesgo institucional.
Para la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, equiparar la presencia en la curul con actividades dentro del circuito electoral puede afectar los mecanismos de control sobre la asistencia de los diputados.
La organización sostuvo que el trabajo territorial forma parte de la representación política, pero no debe sustituir las responsabilidades legislativas dentro del pleno y las comisiones.
Según Transparencia Internacional Panamá, la reforma podría “desnaturalizar la labor legislativa” al incorporar funciones que se acercan a tareas administrativas.
El cuestionamiento también alcanza el artículo 32 del proyecto, que establece que los diputados gestionarán y fiscalizarán programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de sus electores, incluyendo obras de infraestructura, agua potable, educación y otros servicios.
La organización considera que esa disposición podría trasladar a los diputados responsabilidades que corresponden a instituciones ejecutoras del Estado y autoridades locales.
Transparencia Internacional Panamá vinculó estos cambios con el debate que existió alrededor de las llamadas “partidas circuitales”, utilizadas durante la administración 2009-2014 para financiar proyectos en comunidades desde estructuras vinculadas a diputados.
La organización recordó que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional ese mecanismo al considerar que la Constitución no asigna a los diputados funciones administrativas relacionadas con la ejecución de obras públicas.
Para la Fundación, incorporar nuevas responsabilidades de gestión dentro del reglamento legislativo puede representar un retroceso en materia de separación de poderes y control institucional.
Los diputados que apoyan la reforma sostienen que la norma no crea una nueva función, sino que reconoce una actividad que ya realizan los legisladores en sus comunidades.
José Luis Varela defendió la incorporación del trabajo en circuito dentro del registro de asistencia y señaló que los diputados reciben solicitudes ciudadanas relacionadas con servicios básicos e infraestructura.
“Yo en mi circuito me preocupo si no hay agua, me preocupo si hay una inundación, me preocupo si hay luz eléctrica, me preocupo si el alcantarillado no sirve”, afirmó.
Varela agregó que un diputado debe tener la posibilidad de gestionar ante las instituciones públicas soluciones para los problemas de sus electores.
“Si yo como diputado no puedo hacerle una llamada a un ministro o a un director para que solucione los problemas de mi circuito, ¿yo para qué estoy aquí?”, expresó.
Los cuestionamientos no se limitan al debate político. Diputados como Ernesto Cedeño Alvarado han advertido que algunos artículos podrían enfrentar demandas de inconstitucionalidad si la reforma es aprobada.
Cedeño cuestionó que una actividad en el circuito pueda ser considerada equivalente a la presencia del diputado en el pleno.
“Aquí nosotros tenemos un horario para el pleno. Uno debe planificarse y dedicar tiempo para la presencia personal de los diputados aquí en el pleno”, manifestó.
El diputado también señaló que la Constitución define las funciones del legislador y que el reglamento interno no debería ampliar esas competencias.
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