Los cheques retenidos de las supuestas ‘botellas’ en la Asamblea: ¿A qué diputados pertenecen?

Son 121 cheques de funcionarios los que la Contraloría General de la República denunció ante el Ministerio Público, producto de la auditoría que efectuó en la Asamblea Nacional, y que están retenidos por tratarse de pagos de supuestas “botellas” o personas que cobran sin trabajar en la entidad legislativa.

¿A qué diputado responden las supuestas botellas? La Estrella de Panamá tuvo acceso a los documentos y pudo comprobar que estos 121 funcionarios trabajan para 13 diputados y también están en 45 ubicaciones que son direcciones o departamentos.

La mayoría de estos diputados a quienes les tienen retenidos los pagos de su personal por, aparentemente, no sustentar su trabajo, pertenecen al Partido Revolucionario Democrático (PRD), tres de ellos son de Realizando Metas, uno del Movimiento Liberal Republicano (Molirena) y del partido Alianza.

Entre estos diputados y las 45 diversas ubicaciones hay un suma de $391.259 en salarios ya que son funcionarios con sueldos de entre $600 y $5.000, y los cheques tienen una numeración que va desde el 7130636 hasta el 7130775.

¿Apadrinando a las ‘botellas’?

Luego de que la Contraloría ingresara a finales de marzo a auditar al Legislativo y presentara la denuncia través de su abogado Irving Álvarez este 26 de mayo, a lo interno de la Asamblea Nacional múltiples asesores legales se apersonaron al Ministerio Público a revisar el expediente.

Según fuentes consultadas, la puja y repuja es para salvar a las “botellas” detectadas por la Contraloría y presentar la defensa por grupo de funcionarios según despacho.

El diputado que tiene más funcionarios con cheques retenidos es Crispiano Adames del circuito 8-7 en la ciudad de Panamá , con 27 cheques, otros 10 son de Marcos Castillero: nueve de su oficina y uno que corresponde a un funcionario asignado a su oficina circuital ubicada en la provincia de Herrera, ambos del PRD.

De igual manera, Raúl Pineda, PRD del circuito 8-2 de San Miguelito aparece con otros cuatro cheques, y Víctor Castillo con otros cuatro de Realizando Metas. (Ver tabla con lista completa).

Los otros están en diversos departamentos, como la sección de “Estudios parlamentarios” (otros cinco), el departamento de Contratos (siete), la Comisión de Gobierno, bancada del PRD y otros tres funcionarios de la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, del circuito 2-3, provincia de Coclé, por el partido Realizando Metas, Participación Ciudadana, por mencionar algunos.

También aparece en la lista Darinel Espino, que cobra $5.500 y está adscrito al personal del diputado Benicio Robinson, del PRD; el exdiputado Jerry Wilson con $4.000 y que pertenece a la Secretaría General; Mónica Panay, pariente de Quibián Panay, exsecretario de la Asamblea, y Nubia Starnes de Icaza, esposa del exdiputado Aris de Icaza.

La denuncia de estas personas se basa en el artículo 349 del Código Penal, que indica que “el servidor público que acepte un nombramiento para un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio al cual ha sido designado, sin causa justificada, será sancionado con ciento cincuenta a trescientos días-multa o trabajo comunitario”.

La Nueva Asamblea

Investigaciones de este diario han revelado diversas irregularidades en La Nueva Asamblea, liderada por Castañeda, quien prometió transparencia.

Entre estos, el pago de manera permanente a los suplentes de diputados de todos los partidos políticos, a pesar de que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia lo prohíbe.

Para ello, Castañeda confirmó a este medio la existencia de una estructura a través de diversos puestos como si fueran funcionarios regulares, pero de los que no hay evidencia de su trabajo.

La planilla de ángeles caídos o exdiputados que siguen cobrando con funciones que no se pueden comprobar.

“Excepcionales o funcionarios con sueldos altos, de $5.000 al mes, la planilla de transporte o 150 que también es utilizada como “cashback” y para lo cual la Asamblea no ha presentado ningún fundamento de estos miles de pagos, entre otras.

En una entrevista pasada el contralor Anel Bolo Flores indicó que la Contraloría había detectado unas 500 botellas y que presentaría las denuncias. La planilla de la Asamblea Nacional está conformada por unos 4.000 funcionarios, lo que representa un gasto de $7 millones al mes.