Comisión de Economía aprueba en primer debate suspensión de ley de interés preferencial

Durante la sesión celebrada este lunes 9 de junio en el Salón Azul de la Asamblea Nacional la Comisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Ronald De Gracia, dio inicio al primer debate del proyecto de ley No. 289, presentado por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované.

Tras su discusión los diputados que integran la la Comisión de Economía y Finanzas aprobaron la norma en primer debate.

Suspensión

La propuesta plantea suspender los efectos de la Ley No. 468 de 2025 y restablecer, de manera temporal hasta el 31 de diciembre de 2025, el marco legal anterior contemplado en la Ley No. 3 de 1985, con el fin de aliviar la situación de miles de familias cuyos trámites de vivienda quedaron congelados.

Uno de los puntos destacados fue el impacto inmediato de esta reforma: más de 9,000 procesos hipotecarios podrán reactivarse, permitiendo a las familias completar el registro de sus viviendas en el Registro Público y acceder finalmente a una solución habitacional. “Esas 9 mil familias que están esperando que el sistema se procese de acuerdo a lo que establece la ley van a poder continuar y registrar una unidad de vivienda para satisfacer sus necesidades”, subrayó Jované.

Se habló sobre el alcance de los panameños que pueden acceder a casas de $50 mil, $80 mil y $120 mil y se logró un consenso en torno a que las viviendas de hasta $80 mil puedan beneficiarse con un subsidio del 5% y del 5.5% en el caso de residencias ubicadas en el interior del país.

El proyecto también propone exoneraciones del impuesto de transferencia para primeras ventas de viviendas nuevas y la extensión de subsidios hipotecarios por hasta 30 años.

Diputados y voceros del Ejecutivo coincidieron en que es necesario adaptar el régimen a la realidad actual del país, asegurando condiciones más humanas para quienes aún no pueden acceder a una vivienda propia.

Desde que la Ley No. 468 fue aprobada múltiples sectores han cuestionado sus efectos, especialmente por dejar por fuera a quienes estaban tramitando bajo el sistema anterior.

Con la Ley No. 289 se busca garantizar una transición que favorezca tanto a las familias como a promotoras y bancos, sin frenar la dinámica del sector inmobiliario.