Intimidades de la adquisición que desapareció del Consejo de Seguridad

El fenecido gobierno de Ricardo Martinelli pagó al menos $20.2 millones para adquirir y mantener el equipo tecnológico con el cual espió a sus ciudadanos, y del que el Consejo de Seguridad no tiene pista.

Si bien el Programa de Ayuda Nacional (PAN) compró el sistema de intervención de llamadas y ordenadores personales por $13.4 millones, esa oficina de la Presidencia y la empresa israelí M.L.M. Protection Ltd pactaron cuatro mantenimientos a los equipos de filtración, en los que el Estado gastó otros $6.3 millones, es decir, 50% adicional a la adquisición.

Según el contrato 045 de 2010, firmado entre el exjefe del PAN Giacomo Tamburrelli y el empresario israelí Ofer Bar —y al que La Estrella de Panamá tuvo acceso—, el Estado pagó en 2010 los primeros $8.5 millones, y el año siguiente, otros $4.9 millones. En 2012 serían abonados otros $1.2 millones en mantenimiento, en 2013, $1.1 millones, y este año, $756 mil más.

Las operaciones se manejarían ‘remotamente, usando teléfono, correo electrónico e Internet’, aunque el acuerdo ponía el cuchillo en el cuello del Estado: en caso de que los técnicos de M.L.M. tuvieran que mantener los equipos ‘en sitio’, Panamá correría con sus vuelos, alojamiento y viáticos.

LA RUTA DEL DINERO

Los registros del PAN confirman que los pagos por el equipo y los sistemas se tramitaron desde el 30 de agosto de 2010. El Banco Nacional (BNP) transfería el dinero a una cuenta intermediaria en el Citibank de Nueva York, y de ahí era girado a la cartera de la sociedad Nunvav Inc en una sucursal off shore del Banco de Occidente en Barbados.

Una investigación del diario bogotano El Espectador liga a la filial panameña de Nunvav Inc con Eagle Commercial, una empresa que vendió a la Fuerza Pública de Colombia un lote de pistolas eléctricas ‘Teaser’, la misma arma con que en septiembre un policía ‘redujo’ en el mercado San Felipe Neri a un hombre que después falleció.

M.L.M. Protection fabricó e importó a Panamá el equipo de filtración en menos de cinco meses. En una nota del 10 de diciembre de 2010, Tamburrelli y la contralora Gioconda Torres confirmaron al BNP la recepción de la compra. Para entonces había sido instalada, y se había capacitado a cinco agentes.

El contrato 045 establece que sería el Fondo de Inversión Social (que Martinelli convirtió en PAN) el que definiría dónde se recibirían los equipos, de cuya operación debía estar al tanto el Ministerio de la Presidencia, entonces en manos de Demetrio Papadimitriu (y luego de Roberto Henríquez).

Se trataba de una estación en la que se podía interrogar a personas ‘objetivo’ y que incluía una computadora portátil, un micrófono, auriculares, sistema de identificación biométrica, cámara de vídeo, escáner e indicadores de respuestas psicofísicas humanas. El contrato establecía también el suministro de un motor de agentes espías, otro para infectar equipos de personas espiadas y el software estrella: el juego de servidores con el que se recolecta ‘información de manera rutinaria’, operación que se hacía de manera encubierta y sin contacto físico con los espiados.

El sofisticado equipo costó 25 veces más que otro instrumental de vigilancia que compró la administración de Martín Torrijos (por unos $800 mil) y que se perdió. También.